Archivado el caso de la autovía Pamplona-Vitoria

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha archivado el expediente de investigación abierto sobre las irregularidades en la construcción de la autovía de Sakana, que une Pamplona con Vitoria, bajo los mandatos de Gabriel Urralburu y Juan Cruz Alli. El Parlamento navarro se dio ayer por enterado de la decisión judicial, adoptada tras haberle sido remitidas las conclusiones de la comisión que constituyó en mayo.Según la Fiscalía, en la actuación de los ex consejeros de Obras Públicas investigados, el socialista Antonio Aragón, procesado en el caso Urralburu, y el popular José Ignacio López Borderías, actual senador, no se aprecian indicios penales suficientes que acrediten la comisión de delito. En su informe no se descartan posibles irregularidades "administrativas" en los procesos de adjudicación y pago de unas obras que costaron 13.004 millones de pesetas, un 33,3%) más del precio de adjudicación, tal y como puso de manifiesto el órgano fiscalizador de la comunidad, la Cámara de Comptos.

En el documento de fiscalización se apreciaron graves irregularidades, como la adjudicación del primer tramo de esa carretera, en diciembre de 1990, por Aragón en contra de la valoración del informe técnico presentado y sin justificación del cambio que otorgó la obra a una empresa que quedaba en los últimos lugares. Asimismo, se denunció la del tercer y el cuarto tramo, en febrero de 1993, con López Borderías, a la constructora propuesta por el director del Servicio de Caminos sin que existiera justificación ni se conociesen las puntuaciones de los licitadores.

López Borderías expresó ayer su satisfacción por el archivo de la causa y aseguró que la comisión que las adjudicaciones sólo ha servido "para cobrar unas dietas magníficas" y "hacer daño al contrario con una única y exclusiva motivación política".

La mencionada comisión centró sus sospechas en el área de seguridad de la obra. A pesar de no haber sido nunca amenazada por ETA, la autovía contó con la presencia del coronel de la Guardia Civil Javier González como coordinador de seguridad, por 400.000 pesetas mensuales, sin que estuvieran acreditadas ni sus funciones ni su nombramiento.