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Columna
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En El Aaiún y en Malabo

Se comprende la satisfacción del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se le presentan ocasiones excepcionales, como la de participar en las cumbres del G-20 o la de ejercer la presidencia de la UE durante el primer semestre de 2010. Pero, en el ámbito de la política internacional, España sólo puede marcar la diferencia en muy contadas áreas geográficas. Señalemos en particular tres: Cuba, Guinea Ecuatorial y el Sáhara. En Cuba, porque nuestros socios de la UE nos conceden la primacía y acaban por adoptar como posición común la que nosotros sugiramos. En Guinea Ecuatorial, por razones análogas y en la cuestión del Sáhara, porque tuvimos las últimas responsabilidades como potencia administradora.

La presencia de periodistas cerca de Haidar bloquea excesos policiales

En este tercer ámbito, el caso de Aminetu Haidar -la activista de los Derechos Humanos y de la causa saharaui que, aferrada a una huelga de hambre en Lanzarote, ha logrado ganar el pulso a Marruecos- merecería un examen cuidadoso. Al final, bajo la presión de una huelga de hambre de 32 días, ha logrado que se dejara sin efecto una deportación a todas luces ilegal y que se le consintiera el retorno a su ciudad de El Aaiún, donde le ha sido devuelto el pasaporte. Señala Tomás Bárbulo, el enviado especial del diario EL PAÍS a El Aaiún, que la policía marroquí ha impuesto el miedo y que la veintena de heridos resultantes de la manifestación que celebraba el regreso de Aminetu ha evitado acudir al hospital, habida cuenta de que los médicos tenían orden de informar a la policía. Ahora el temor es que haya una ola de represión tan pronto como los periodistas llegados a la capital saharaui para acompañar el regreso de Aminetu abandonen la ciudad. Estamos, pues, ante un caso en el que la presencia de periodistas extranjeros en un lugar determinado bloquea la comisión de excesos por las fuerzas policiales.

Esa función bloqueante se está cumpliendo ahora en El Aaiún, pero hace 40 años nuestros colegas extranjeros la cumplían en Madrid. Porque, si bien Franco sólo se reconocía "responsable ante Dios y ante la Historia", conforme rezaba al preámbulo de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, en la práctica respondía también ante otra instancia menos etérea, más tangible: la prensa extranjera. Entonces, una decena de corresponsales extranjeros -de José Antonio Nováis, de Le Monde, a Walter Haubrich, del Frankfurter Allgemaine Zeitung; de Richard Eder, del New York Times, a Jean Jacques Guillemé Brûlon, del Figaro- eran la mejor garantía disponible frente a los fervores represivos del régimen. La presencia de los periodistas -en este caso en la ciudad de El Aaiún- tiene efectos catalíticos: hace posibles determinados procesos que, en su ausencia, quedarían sin más bloqueados.

Una comprobación adicional la aporta el caso de las elecciones presidenciales de Guinea Ecuatorial, el domingo 29 de noviembre, sin que se hubiera aceptado la presencia de periodistas ni la de observadores internacionales. El presidente Obiang incumplió sus promesas a Moratinos, el ministro de Exteriores, y pudo así ofrecer sin contraste alguno cifras desmesuradas que le atribuían el 96,7 % de los sufragios emitidos. Sin periodistas, el impacto de la noticia electoral fue casi nulo. Tampoco después de la jornada de los comicios ha sido aceptada la presencia de los informadores y esa oscuridad ha favorecido un silencio casi total. Los esfuerzos del candidato de la oposición, Plácido Micó, por presentar el caso de Guinea han sido inútiles. Los medios españoles se han desentendido de un fraude escandaloso, y los de los demás países para qué contar.

Se comprende bien desde una visión cínica que los beneficiarios del petróleo, sobre todo norteamericanos y franceses, hagan prevalecer sus intereses sobre los principios y se hayan desentendido de la vigencia de los derechos humanos, pero en el caso de España es incomprensible la conformidad del actual Gobierno con un régimen como el de Obiang del que, además, nada favorable se desprende para los llamados "intereses nacionales españoles".

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