Admitida la denuncia contra siete consejeros por irregularidades en unos informes

Según el sindicato Manos Limpias, los implicados habrían otorgado la elaboración de 1.583 informes a personas afines al Ejecutivo

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite una denuncia contra siete consejeros de la Generalitat por una presunta malversación de fondos al encargar informes de dudosa utilidad a personas afines al Ejecutivo.

Según la denuncia presentada por el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, los consejeros implicados, pertenecientes a los tres partidos del gobierno, habrían otorgado la elaboración de 1.583 informes, por un valor no superior a los 12.000 euros cada uno -para poder así eludir el concurso público-, "actuando con subjetividad y favoreciendo intereses particulares".

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La Generalitat gastó 32 millones en informes durante 2007

La denuncia, que ahora ha aceptado la Fiscalía, considera que las actuaciones de los responsables del Gobierno autonómico podrían constituir los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Los consejeros afectados son los de Interior, Joan Saura; Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila; Agricultura, Joaquim Llena; Salud, Marina Geli; el anterior consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Joan Puigcercós; Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, y Cultura, Joan Manuel Tresserras.

Los informes, a los que se destinaron 31 millones de euros, son trabajos técnicos, documentos e informes encargados por la Generalitat a ex diputados y antiguos cargos de la Generalitat, en muchos casos de contenido superfluo, según Manos Limpias.

El Gobierno de la Generalitat se defiende

El Gobierno de la Generalitat ha afirmado, en relación con la admisión a trámite de una denuncia contra siete consejeros por diversos informes encargados en sus departamentos, que el Ejecutivo "actúa con corrección" y "de acuerdo con la normativa". La portavoz del Gobierno catalán, Aurora Massip, ha dicho que el Ejecutivo "no tiene constancia de que la Fiscalía haya abierto una investigación, más allá de la recepción estricta de la denuncia".

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