Aguirre se queda sin su rascacielos

Apenas 24 horas después de que Alberto Ruiz-Gallardón revelara las intenciones de Esperanza Aguirre de plantar un rascacielos de 30 plantas en el lugar que ocupan los juzgados de Plaza Castilla, la Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás. El anuncio de la renuncia lo ha hecho el consejero de Presidencia, Francisco Granados, esta mañana en Getafe, a donde se ha trasladado el Consejo de Gobierno para protestar por las polémicas declaraciones contra la derecha de su alcalde, Pedro Castro. Granados ha dicho que la Comunidad "renuncia al convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid" para la construcción de una torre en la plaza de Castilla. La razón: "los problemas" que han surgido.

Frente a la imagen que, según Aguirre, se dio ayer de que la Comunidad de Madrid quería hacer un "pelotazo urbanístico", Granados ha afirmado que de este convenio la única institución que "se lucra o beneficia" es el Ayuntamiento de Madrid, ya que la Comunidad se quedaría con los mismos metros cuadrados. "No tenemos ningún interés especial", ha agregado. Según su versión, el Gobierno regional "no iba a recibir ni un sólo metro más" por el cambio de uso pedido, de dotacional a terciario, es decir, de juzgados a oficinas.

La susodicha torre no es "ninguna aspiración de la Comunidad de Madrid", según el consejero. El alcalde madrileño anunció ayer que la Comunidad había solicitado al Ayuntamiento una recalificación de los terrenos de los Juzgados de Plaza de Castilla para levantar en ellos un rascacielos de 30 plantas y cuatro sótanos. Más alto que las Torres Kio, subrayó. En concreto, el rascacielos que nunca fue le sacaría cuatro plantas a las torres inclinadas.

Según el alcalde, el proyecto preveía "recalificar los terrenos" de los actuales Juzgados (Plaza de Castilla, 1 y Capitán Haya, 66) para concentrar en una sola parcela de 3.000 metros cuadrados una edificabilidad de 43.145 metros cuadrados de superficie distribuida en las 34 plantas de "una torre", que estaría destinada a usos terciarios, probablemente a oficinas. Gallardón habló de un "extenso expediente" presentado por el Gobierno de Aguirre y explicó que el Área de urbanismo estaba estudiando qué "informes complementarios" iba a pedir a la Comunidad de Madrid.

El razonamiento de Granados es que ya que parece que no es viable, que hay tantos "problemas" y que "la edificabilidad es la misma", no se hace. Preguntado cómo va a financiar entonces la costosa Ciudad de la Justicia, Granados ha dicho que esta operación no es necesaria "para financiar" el campus que se construye en Valdebebas, cuyo coste se sufragará "por otras vías" que no ha especificado.