Aguirre reducirá la justicia gratuita para extranjeros y juicios rápidos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aprovechó ayer un acto de presentación de los nuevos juzgados con que contará la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero para abrir la caja de los truenos. Aseguró que no seguirá pagando la justicia gratuita para los extranjeros y para los detenidos, un sistema que llegó a calificar de "abuso" por parte de algunos letrados que presentan recursos y recursos para continuar con los procesos.

Eso, pese a que contar con un abogado defensor es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución. El Colegio de Abogados de Madrid y alguna asociación de inmigrantes protestaron por la medida, que calificaron de discriminatoria. Pidieron a la presidenta que rectifique para no causar graves problemas a los extranjeros.

La presidenta alega que pagó hasta un recurso del hijo de Osama Bin Laden

Aguirre acudió ayer a inaugurar las nuevas instalaciones de los tribunales de lo contencioso-administrativo. Y aprovechó para anunciar que restringirá el acceso a la justicia gratuita a los extranjeros y en los juicios rápidos. "No podemos seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba previsto en las transferencias. La Comunidad no va a seguir alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia gratuita", aseguró la presidenta regional.

Aguirre puso como ejemplo la entrada de inmigrantes por el aeropuerto de Madrid-Barajas y recordó que en su día ya se quejó por tener que pagar un recurso jurídico planteado por Omar Bin Laden, hijo del jefe de Al Qaeda, cuando solicitó asiló en Barajas.

La presidenta madrileña va a pedir la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se acabe con el abuso de este servicio. Según sus palabras, la justicia gratuita se confunde con el turno de oficio y no es una materia que estuviera prevista entre las competencias transferidas a las comunidades autónomas.

El Gobierno madrileño acaba de aprobar un gasto de 24 millones de euros para pagar parte de la factura que adeuda al Colegio de Abogados por la asistencia letrada de 2009.

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, matizó las declaraciones de Aguirre y explicó que se está dando una perversión de la justicia gratuita: "Lo que la presidenta ha querido decir es que este abuso se va a acabar". Por ello, el Ejecutivo regional pretende frenar tres tipos de asistencia.

La primera consistirá en no pagar el abogado a los extranjeros que no puedan justificar que no tienen dinero para pagarlo. La segunda será que los letrados no puedan recurrir "de manera permanente", aunque sus clientes ya no estén en España. Según Granados, los letrados asisten a los extranjeros rechazados, pero luego mantienen los recursos hasta llegar a veces al Constitucional, pese a que el cliente haya sido expulsado.

La tercera medida afecta a los juicios de lo Social y a los rápidos. Ambos cuentan con asistencia letrada gratuita, pese a que muchas veces los clientes pueden pagarlos, según Granados.