Ahora que se lo digan a los barones

Es cierto, como recordó ayer Mariano Rajoy, que el Partido Popular lleva meses diciendo que hay que reformar la Ley de Cajas para evitar que sean manejadas por los políticos. Incluso el PP mantuvo con dureza que había que evitar que las cajas se arruinen al convertirse en "bancos públicos regionales".

Esto lo dijo Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, mientras Esperanza Aguirre intervenía en Caja Madrid intentando quitar al presidente, Núñez Feijóo hacía y deshacía fusiones en Galicia y Francisco Camps impedía que la alicantina Caja del Mediterráneo buscara un socio fuera de la región aunque lo quisiera la entidad. En el otro lado, con menos ímpetu, los socialistas defendían la necesidad de las fusiones, pero Manuel Chávez, cuando era presidente andaluz, vetó un acuerdo entre la cordobesa Cajasur con Caja Murcia para evitar perder el control de la entidad y que quedara en manos de otro gobierno autonómico.

Este es el verdadero problema del que ayer no hablaron ni Rajoy ni Zapatero. Es histórico que los dos partidos se pongan de acuerdo en reformar la Ley de Cajas (algo que lleva pidiendo el sector desde 2002), pero lo difícil será convencer a los respectivos barones de que tienen que soltar poder sobre unas entidades muy potentes que, en algunos casos, consideran prolongaciones de la consejería de Economía. Salvo que lleguen las amenazas de quiebra, claro.

Otro de los puntos del acuerdo es que el Banco de España decida sobre las fusiones de diferentes regiones. Las direcciones nacionales del PP-PSOE tendrán que emplearse a fondo para convencer a las autonomías citadas, junto a la Generalitat de Cataluña, que han recurrido al Tribunal Constitucional el fondo de rescate (FROB) porque consideran que recorta sus competencias en esta materia.

El tercer asunto puede ser menos espinoso. Se trata de permitir que las cajas puedan emitir cuotas participativas (similares a las acciones) con derechos políticos para elevar el capital, algo que es imprescindible en el futuro. Comisiones Obreras alertó ayer de que se podían privatizar las cajas. Al final es una cuestión de porcentajes: no es lo mismo que emitan un 5% de su capital que el 80%. Quizá la ley lo deje en manos de los gestores de las cajas. Algunas irán más lejos que otras. Lo que está claro es que la gran discusión llegará cuando se baje a los detalles.