Alcaldes del PP exigen al Gobierno vincular la financiación autonómica y la municipal

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, acudió ayer a Valencia para repartir doctrina sobre disciplina presupuestaria a los alcaldes del PP en localidades de más de 20.000 habitantes y topó con una auténtica rebelión de los pobres, que exigieron que se vinculen las inminentes negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica con la renovación de los acuerdos sobre distribución de fondos estatales a las corporaciones locales. Montoro logró esquivar las protestas amparándose en el calendario, que no prevé la revisión de la financiación municipal hasta 2002.

La conferencia Intermunicipal del PP nunca ha pasado de ser un foro menor en el seno del partido que sustenta al Gobierno. Pero la primera experiencia para elevar el tono del encuentro ha demostrado un notable malestar entre los responsables de las corporaciones locales respecto a los planes del Ejecutivo.

Montoro acudió a Valencia a petición de Rita Barberá, anfitriona y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, para explicar a los alcaldes cómo les afectará la nueva ley de estabilidad presupuestaria. Pero los alcaldes se saltaron el guión, pidieron mayor participación en los ingresos del Estado y llegaron a sugerir que se les ceda la gestión de un porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas, había caldeado el ambiente el martes cuando comentó que las comunidades autónomas deberían ceder competencias a las corporaciones locales en aras del principio de subsidiariedad, algo en lo que volvió a abundar ayer Javier Arenas, secretario general del PP, al afirmar que los municipios no pueden crecer a costa del Estado, sino que deben ser las comunidades autónomas las que 'pierdan cierto peso competencial' en favor de los ayuntamientos.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier de León, encabezó la réplica a ese planteamiento y sugirió que los ayuntamientos podrían atender servicios sociales con más eficacia que las autonomías, pero siempre que las transferencias vayan acompañadas de los fondos correspondientes. Posada aludió a futuras conversaciones o negociaciones para esquivar cualquier compromiso.

Pero cuando el responsable de las arcas del Estado se enfrentó ayer a los alcaldes, las exigencias subieron de tono. Los responsables de las corporaciones municipales del PP hicieron ver a Montoro que si se pacta un nuevo modelo de financiación autonómica hasta 2007, difícilmente podrían asumir ninguna competencia con dotación suficiente antes de esa fecha, y exigieron que el reparto de fondos del Estado entre las distintas administraciones del Estado se negocie de manera conjunta.

Montoro se limitó a recordar que el modelo de financiación autonómica debe revisarse este año, mientras que la distribución de fondos a los ayuntamientos está pactada hasta 2002 en virtud de acuerdos que comparten los dos grandes partidos de ámbito estatal.