Alcaldes valencianos prevén urbanizar 130 millones de metros

"Hay crisis, pero a mí no me tocará". Éste parece ser el pensamiento de muchos de los ayuntamientos valencianos que, tras el paréntesis electoral, están sacando de los cajones los proyectos urbanísticos pendientes, a pesar del generalizado parón inmobiliario. Es el caso de Cullera, Albaida, Burriana, Benimuslem, Llutxent y muchos otros. Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios no sólo no sobra nada sino que prevé que hasta 2013 se edifiquen 25.000 residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Sobre la mesa de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda hay en estos momentos 175 proyectos presentados entre 2001 y 2007, que, de aprobarse, supondrían la reclasificación de 130 millones de metros cuadrados de suelo rústico.

Los promotores calculan que se edificarán 25.000 residencias al año

El Ayuntamiento de Albaida (Valencia) acaba de retomar el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Barranquets. En unas semanas, el Gobierno local, del PP, ultimará las condiciones para la adjudicación del proyecto, que incluye la reclasificación de 2,1 millones de metros cuadrados de suelo rústico, la edificación de 2.500 chalés a siete kilómetros del casco urbano y un campo de golf. Los candidatos a la urbanización deberán construir un auditorio de música municipal y repavimentar el circuito de velocidad de la población, entre otros requisitos. El consistorio de Cullera (Valencia) ha sacado adelante hace dos semanas, con su aprobación provisional, el concierto previo con los PAI de Marenyet y Brosquil, con la reclasificación de 10 millones de metros junto a la desembocadura del Júcar, 13.000 nuevas casas, una marina deportiva y campos de golf. El equipo de gobierno de Burriana (Castellón) ya ha anunciado que sacará adelante el PAI Santa Bárbara (5.000 viviendas, campos de golf y puerto deportivo) en cuanto se apruebe el concierto previo solicitado. L'Atzúvia (Alicante), que aprobó antes de elecciones tres nuevos PAI y la construcción de 2.000 nuevas viviendas según las normas subsidiarias de 1981 -acción reprobada por la Sindicatura de Greuges-, redactará finalmente un PGOU para dar refuerzo legal a los nuevos proyectos.

"Ahora, en lugar de presentar los PAI directamente, los consistorios están recurriendo a los conciertos previos para dar salida a sus proyectos urbanísticos. Pero eso no significa que se vayan a revisar los PGOU", advierte un dirigente de la plataforma Abusos Urbanísticos No.