Amnistía Internacional exige mejorar la Ley de Memoria Histórica
Hoy se cumplen 71 años del golpe de estado del general Francisco Franco que dio origen a la Guerra Civil española. El aniversario llega en plena negociación de la ley de memoria histórica, que el PSOE quiere pactar con CiU después de haber pactado con Izquierda Unida-ICV para poder aprobarla en septiembre.
Por este motivo, las asociaciones de memoria histórica preparan actos y declaraciones. Aministía Internacional (AI), una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo, hizo público ayer un comunicado en el que critica la actual redacción de la ley. Para AI, el acuerdo alcanzado entre el PSOE e IU-ICV, por el que se declaran ilegítimos los juicios sumarísimos del franquismo, ha mejorado la ley pero es "insuficiente".
"Tal como se plantea actualmente el texto, ni habrá verdad sobre violaciones y abusos de derechos humanos, ni se garantizará el acceso a la justicia de quienes quieran ver reconocidos sus derechos como víctimas de conformidad al derecho internacional. Deben incluirse cauces explícitos en el proyecto de ley para acceder de forma individual a la justicia", declaró Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional en España.
"En las modificaciones que se han introducido en el proyecto de ley no se ha tomado en cuenta la experiencia ensayada en otros países a la hora de abordar los abusos graves contra los derechos humanos y contra el derecho internacional cometidos en el pasado, a pesar del gran número de ejemplos disponibles", insiste.
Ilegitimidad
AI alaba algunas de las cosas que se han modificado: por ejemplo, la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas. Además, según esta organización, se ha eliminado uno de los dos mecanismos de impunidad, el que señalaba que "la declaración omitirá toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas". Es decir, la identidad de los miembros de los tribunales militares.
Además, se ha suprimido también un mecanismo que convertía el texto en una ley de punto final, según AI: la eliminación de los nombres de los presuntos autores de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista en el acceso a documentación de los archivos por parte de las víctimas y sus herederos.
Sin embargo, según AI, faltan muchas cosas para evitar "sentar un mal antecedente para otros países que se enfrenten a procesos similares". Respecto al derecho a la verdad, propone la creación de un órgano oficial temporal de investigación no judicial de los crímenes de la guerra civil y del franquismo, una especie de comisión de la verdad. Además, pide el establecimiento de un recurso extraordinario para la revisión de las sentencias y obtención de la nulidad de las condenas impuestas como resultado de juicios injustos.
