Amnistía pide cámaras en todas las comisarías

Los casos de tortura y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad "no son hechos aislados o excepcionales cometidos por un puñado de agentes" sino un problema extendido "por todo el territorio nacional, y todos los cuerpos, Policía, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza" en un clima de "total impunidad". Son las conclusiones del informe Sal en la herida presentado ayer por Amnistía Internacional tras un año de investigación y entrevistas con las partes implicadas: denunciantes, sindicatos policiales, ministerios del Interior, de Justicia y la fiscalía. La organización solicita al Gobierno la colocación "urgente" de cámaras de vídeo en todas las comisarías; como elemento disuasorio y como prueba en caso de denuncia de torturas.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) apoya estas grabaciones: "No tenemos nada que esconder. Sobre todo, las cámaras serían una garantía para nosotros porque el 90% de las denuncias por torturas que se presentan son falsas y no es justo que un policía pase un año o dos en la picota, teniendo que ir a declarar a un juzgado... para que luego se descubra que todo era mentira. Las cámaras sólo pueden incomodar a los maltratadores y, afortunadamente, son muy pocos", declaró el secretario general, José Manuel Sánchez Fornet.

Amenazas de muerte

Amnistía apoya su informe en más de 15 denuncias de torturas, muchas pendientes de juicio y muchas "con un componente racista", según el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán. El informe recuerda el caso de Lucian Padurau, un rumano al que varios mossos dieron "golpes y puñetazos por todo el cuerpo, pisándole la cabeza contra el asfalto y agarrándole el cuello para impedir que gritase", según la fiscal que lleva el caso, al confundirle en una calle de Barcelona con otra persona. La fiscal pide para ellos 10 años de cárcel por torturas. Lucian asegura que los agentes le colocaron una pistola en la boca y le advirtieron: "Si la juez te suelta, te matamos nosotros".

Sal en la herida recoge también el testimonio de Sandra Guzmán, que presentó una denuncia en Bilbao tras ver cómo un agente desnudaba y golpeaba a varios hombres de origen africano en un parque. Asegura que un agente se presentó en casa de sus padres, ancianos, poco después para que la convencieran de que retirara la denuncia.