Andalucía indemnizará a las mujeres víctimas de vejaciones durante el franquismo

Para aquellas mujeres a las que los falangistas raparon el pelo al cero, obligaron a tomar aceite de ricino y, en algunos casos, violaron durante la Guerra Civil y la dictadura, la Junta de Andalucía ha aprobado hoy una indemnización única de 1.800 euros. El Consejo de Gobierno ha impulsado un decreto por el que se les reconoce el derecho a percibir esa cuantía fija como modo de reparación moral y reconocimiento público. El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha subrayado que la nueva norma viene a saldar una "deuda moral" con estas mujeres, muchas veces vejadas "por el simple hecho de ser familiares de víctimas del franquismo".

Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Las afectadas contarán con un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el BOJA para presentar la solicitud y con las pruebas que consideren necesarias. Podrán hacerlo a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia y de las delegaciones del Gobierno de la Junta, así como de forma telemática en el portal www.juntadeandalucia.es. Una ver recibida la solicitud, la Administración deberá resolver y notificar en un plazo máximo de tres meses. La cuantía de 1.800 euros, que se percibirá en pago único, es similar a la establecida para las personas que sufrieron penas de prisión de entre tres meses y tres años.

El decreto, según ha señalado Pizarro, representa la aportación de la Junta para reconocer "la fortaleza, valentía y afán de superación" de este colectivo, cuyo "trabajo silencioso pero firme" ha tenido un "papel crucial" en la instauración de la democracia. Por ello, ha manifestado que los 1.800 euros que percibirán las mujeres represaliadas constituyen una "cantidad simbólica", ya que no se trata de una "cuestión económica" sino de la "reparación" de un daño.

Las indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador. Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (inicialmente, solo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las ayudas estatales fijadas en 1990). Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan solo 85 son mujeres.