Andalucía teme por el acuerdo sobre la 'deuda histórica'

Tras 26 años de incumplimiento, el 20 de septiembre los Gobiernos central y andaluz deben llegar a un acuerdo sobre a cuánto asciende la llamada deuda histórica del Estado con Andalucía. La fecha la pone el nuevo Estatuto de Autonomía, pero eso, como se ha visto en el caso de Cataluña, no significa que vaya a ser así. Ese día se cumple el plazo para cuantificar los fondos excepciones que la comunidad debió recibir del Estado para garantizar la prestación de los servicios transferidos en la década de los 80. El acuerdo debe producirse en la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.

Oficialmente, el Gobierno andaluz niega cualquier perturbación a la vista, según han dicho sus dos vicepresidentes. "Tenemos claro que el Estatuto marca el 20 de septiembre", dijo el miércoles Gaspar Zarrías. "No contemplamos que haya problemas", remachó José Antonio Griñán. Pero es innegable que el plazo para el acuerdo vence en un mal momento económico y político.

El Estatuto catalán también mandataba a llegar a un acuerdo sobre la financiación de Cataluña el 9 de agosto y se ha incumplido, pese a ser una ley orgánica. La tesis de los socialistas andaluces es que la deuda histórica no tiene nada que ver con el nuevo modelo de financiación y que su negociación es, como dice el Estatuto, bilateral. "Esto no tiene nada que ver con la financiación, aunque claro que es dinero. Pero es una deuda del pasado, tan antigua que hasta se llama histórica", asegura el secretario de Comunicación del PSOE, Miguel Ángel Vázquez. Pero el problema es precisamente ése. "Si con Cataluña no ha habido acuerdo, ¿por qué con nosotros sí?", reconocen fuentes de los negociadores.

"Que se cumpla"

"Nuestra obligación y compromiso es que el Estatuto se cumpla y las posiciones están muy cerca", asegura Vázquez, quien sostiene que el pago de la deuda "no está sujeta a otras coyunturas políticas". El Estatuto establece 18 meses desde su entrada en vigor para cuantificar la llamada deuda histórica recogida en la Disposición Adicional Segunda (es decir, el 20 de septiembre) y tres años para pagarla, plazo que vence en marzo de 2010.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha evitado hacer pública una cifra, pese a que la tiene cerrada desde antes de las elecciones autonómicas del 14 de marzo. Su estimación oscila entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros, según fuentes del Gobierno andaluz. Manuel Chaves se ha comprometido a reunirse con PP e IU antes del 20 de septiembre para llegar a un acuerdo, un objetivo que se antoja imposible por la disparidad de cantidades de unos y otros.