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Antich aprobará una moratoria para grandes urbanizaciones en marcha

Un decreto-ley congela millonarias expectativas de los promotores en Baleares

El Gobierno de Baleares tiene previsto paralizar de manera urgente -en el Consejo ejecutivo de este viernes, según las fuentes consultadas-, la posibilidad de desarrollo de un conjunto de polémicas urbanizaciones que están situadas en zonas delicadas de la costa y en áreas de la periferia urbana de las capitales de las islas. Tres de los puntos están frente al mar y albergan millonarias expectativas. Las excepcionales medidas preparadas tendrán un efecto prácticamente instantáneo, porque serán canalizadas mediante un decreto-ley que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el boletín oficial.

El bloqueo afectará a planes en una cala, humedales y áreas urbanas El texto, pactado en secreto, verá la luz el viernes como golpe de efecto

Los ámbitos que quedarán temporalmente "congelados" a efectos urbanísticos y cuyo suelo con casi toda seguridad no podrá ser explotado como negocio en el futuro, incluyen, entre otros, los parajes de una gran cala virgen en Mallorca, un humedal en un entorno urbano de Ibiza, otra zona húmeda de Palma de Mallorca y los terrenos que rodean del nuevo hospital de Palma de Son Espases.

El presidente socialista balear, Francesc Antich, anunció en el Parlamento descalificaciones de terrenos y acciones contra el urbanismo "sangrante", a través de futuro proyecto de ley, de trámite lento. Reclamó "mesurar de manera especial" los crecimientos en el litoral, por razones ambientales y de carácter económico turístico. El paisaje es la principal fuente de riqueza, dijo. "No se pueden maltratar los recursos naturales, crear impactos en la costa y permitir un crecimiento residencial desmesurado e incompatible con un turismo de calidad".

Antich no desveló ayer que echará el freno y estrenará las facultades excepcionales que le otorga la reforma de 2007 del Estatuto de Autonomía para dictar un decreto-ley, fórmula reservada para circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad. La finalidad es el bloqueo inmediato de los posibles procesos de construcción o administrativos sobre los terrenos disponibles para su explotación, sin la dilación del trámite parlamentario.

Los expertos implicados en la elaboración del decreto consideran que su urgencia se debe a "que se trata de evitar que las excavadoras entren en las parcelas o que los propietarios tramiten los permisos de obra". En ambos casos se abrirían para los propietarios nuevas expectativas de indemnización.

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El presidente balear que controla el multipartito PSOE-Unió Mallorquina (UM)-Bloc (PSM-IU-Verds-Esquerra) ha cerrado este caso con una ardua negociación con sus socios de centro de UM.

Para perfilar el decreto ha tejido un pacto de equilibrios bilaterales porque está presionado por sus aliados de izquierda, las plataformas vecinales, los consejos insulares y los ayuntamientos, estos dos últimos que ostentan las competencias en urbanismo. El activismo de los influyentes grupos ecologistas de Baleares y la cercanía de las elecciones generales han sido determinantes para aprobar la moratoria sobre estas grandes urbanizaciones ya en marcha.

Las medidas que se ha preparado -en secreto- afectan a zonas emblemáticas para la ciudadanía de las Baleares y cuya construcción podía generar miles de millones de euros de beneficio. La decisión política ha sido calificada "como un gesto histórico", por un experto que conoce desde el exterior del Gobierno los complejos intestinos de la negociación y el entramado legal que se ha tejido.

El Gobierno de centro izquierda de Baleares, muy dado a la explicación de sus proyectos no ha dado indicaciones sobre este asunto del previsto inmediato bloqueo legal. Es un golpe.

Se han analizado las circunstancias de todos los territorios afectados para evitar que se inicie un proceso irreversible en los mismos. La medida será limitada para que no tenga efectos negativos de recesión de la actividad en el sector de la construcción ni desencadene una espiral de peticiones de licencias de obras, un "efecto llamada" contrario al deseado.

La paralización provisional se prolongará durante meses mientras se tramite en el Parlamento la protección definitiva de los terrenos afectados como zonas naturales, preservadas y se cambie su uso, según los casos. En paralelo se tendrá que proceder a los tanteos y negociaciones con los titulares de los derechos de los terrenos.

Abundando en razones de discreción y para evitar que los afectados muevan "las fichas" con actuaciones precipitadas, las fuentes consultadas no han especificado la ubicación precisa de las urbanizaciones. El bloqueo es semejante a una moratoria urbanística singularizada. "Se decreta un tiempo muerto, un tèntol, que se dice en mallorquín", concretó un informador.

En paralelo al decreto urbanístico excepcional, el Gobierno balear ha dispuesto la remisión a la cámara de un proyecto de ley de medidas urgentes de protección del territorio. Este texto contiene un catálogo de nuevas protecciones en espacios naturales, descalificaciones definitivas de campos de golf con hoteles, así como correcciones sobre el cuerpo de normas que construyó la política del PP en materia de ordenación del territorio.

Rectificación a la política de Matas

La nueva mayoría balear, gracias a la que el PSOE preside Baleares y las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, y sus capitales, quiere deshacer una parte de la herencia política del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) que dictó excepciones a la protección territorial y facilitó la construcción en áreas protegidas.La derecha respaldó la legalización de hecho de construcciones ilegales en la costa de Ibiza, a través de la llamada ley Cretu, una disposición incorporada a las medidas urgentes de los presupuestos, una ley casi ad hoc para evitar el derribo de la mansión del músico Michael Cretu. Pese a ello, los tribunales mantuvieron las órdenes de derribo.Además, el enclave para el hospital de Son Espases de Palma que eligió el PP, cercano a un monasterio medieval, quedó sujeto a un polémico desarrollo inmobiliario en terrenos hoy rurales. La izquierda estaba en contra de la ubicación del hospital pero no pudo parar -por razones económicas y de coste social- el proyecto. Para satisfacer a los opositores anulará el desarrollismo en el entorno rural y monumental.La moratoria bloqueará diversas parcelas que limitan con las obras del complejo, propiedad de grandes promotores y propietarios de yacimientos de suelo que verán como se decretará la urgente ocupación, con aviso de expropiación, mediante la ampliación de la parcela sanitaria.

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