Anticorrupción pide imputar a la cúpula del PP valenciano

El caso Gürtel está a punto de estallar en la Comunidad Valenciana, y la onda expansiva amenaza a la plana mayor de la Generalitat y el PP. El anticipo se conoció ayer, con la presentación por la Fiscalía Anticorrupción de las alegaciones sobre una de las dos inhibiciones del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El ministerio público ha solicitado al tribunal la imputación de una decena de altos cargos populares por delitos relacionados con la corrupción. Empezando por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el caso de los trajes, a quienes quiere sentar en el banquillo por un delito de cohecho propio (en vez de impropio), que se castiga con penas de prisión e inhabilitación.

El fiscal ha solicitado también la imputación del vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, por financiación ilegal (técnicamente delito electoral), en los comicios de 2007 y 2008. A la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, por delitos contra la Administración pública en las adjudicaciones a la trama. Al vicesecretario de Organización del PPCV y diputado, David Serra, por delitos electorales. A Yolanda García, tesorera del PPCV y diputada, por delitos electorales. A Ricardo Costa, ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de economía, por cohecho y delitos electorales. A Pedro García, ex director de Canal 9, por delitos contra la Administración pública en la adjudicación del contrato de cobertura de la visita del Papa a Valencia, y por cohecho.

Vicepresidente y tesorero

También pide la imputación del ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, por cohecho. La de Rafael Betoret, jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, por delitos contra la Administración pública y cohecho. Y las de Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional, y Cristina Ibáñez, administradora general del PPCV, por financiación ilegal.

La fiscalía quiere acumular los supuestos delitos de las dos inhibiciones dictadas por Pedreira y el caso de los trajes para celebrar un único proceso que juzgue la trama en Valencia y la aparente connivencia de la Generalitat. Y ello porque unos y otros delitos "se atribuyen, en parte, a unas mismas personas; guardan una evidente analogía entre sí, y se enmarcan dentro de una misma estrategia empresarial", consistente en "la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato de favor tanto en la contratación pública como en el ámbito de las formaciones políticas, coincidiendo en algún caso responsabilidades en uno y otro ámbito en una misma persona".

El ministerio público solicita imputar también a los cabecillas de la trama y a los empresarios de la construcción que supuestamente financiaron los macroactos electorales del PP en 2007 (cuando ganó Camps), y 2008 (cuando Mariano Rajoy se presentó sin éxito). Se trata de los gestores de Enrique Ortiz e Hijos, FACSA, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez, Piaf, Lubasa y Sedesa (dirigida entonces por la familia del vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino).