Arranca la descentralización del transporte estatal

Tras la descentralización que abordó el Gobierno del Partido Popular, con el acuerdo del PSOE que estaba en la oposición, para traspasar a las autonomías de la denominada vía lenta (todas menos Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía) la gestión de hospitales, centros de salud, colegios, institutos y universidades, ahora arranca con fuerza una nueva descentralización de servicios estatales, en este caso los vinculados al transporte. El Gobierno socialista, que ya se ha comprometido a traspasar la gestión del servicio de cercanías a Cataluña, comunidad que sufre desde hace meses múltiples incidentes de averías y retrasos en su red ferroviaria como consecuencia de la construcción de la nueva línea de alta velocidad que llegará en diciembre a Barcelona, está dispuesto a aprobar idéntica medida para las autonomías que le pidan lo mismo que el Gobierno catalán.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, iniciará el lunes su última ronda de contactos con los presidentes autonómicos para conocer sus inquietudes y reivindicaciones. En la agenda de esas conversaciones con dirigentes regionales se ha situado en primer lugar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha reivindicado con fuerza desde hace meses el traspaso de la gestión de las cercanías ferroviarias y que llegará al palacio de la Moncloa con esa petición en su cartera. El Gobierno central tiene asumido aprobar ese traspaso, al igual que lo ha hecho en Cataluña, para la Comunidad de Madrid y para el resto de autonomías que lo soliciten.

El Ejecutivo socialista se ha mostrado mucho más reacio a abordar la descentralización total en el capítulo de la gestión aeroportuaria. El Gobierno catalán reivindica desde hace años la gestión del aeropuerto de El Prat y se queja de una política estatal a través de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que beneficia a Madrid cercenando las posibilidades de crecimiento de Barcelona.

Zapatero y su Gobierno se han mostrado contrarios a dejar en manos de la administración catalana la gestión aeroportuaria del aeropuerto de Barcelona y tan sólo ha ofrecido como solución intermedia la incorporación de Cataluña a los órganos gestores del aeropuerto ocupando los lugares correspondientes al 49% de sus representantes, dejando en manos de la administración central la mayoría absoluta para controlar la gestión.

El PP irrumpe ahora, a escasos meses de las elecciones, con una propuesta de más privatizaciones en el sector público estatal entre las que destaca la referida a la gestión de los aeropuertos. Una idea defendida en 2000 que el PP recupera ahora dentro de la política liberal que defiende Mariano Rajoy, su candidato a presidente del Gobierno.