Arranca el juicio contra el ex concejal de Palma que gastó dinero público en prostíbulos

La Audiencia Provincial de Palma acoge desde las diez de la mañana el juicio al ex concejal del Ayuntamiento de la capital mallorquina Javier Rodrigo de Santos, acusado de malversación de caudales públicos con el uso de una tarjeta de crédito del Consistorio en prostíbulos y centros de relax. "Reconocí el error y devolví el dinero", ha manifestado De Santos a su llegada al tribunal. La fiscalía pide cinco años de prisión para él.

El ex concejal, quien supuestamente gastó de 50.804 euros en clubes, fue suspendido el año pasado de militancia por el PP, que abrió diligencias en su contra por dicho delito, cometido presuntamente mientras era concejal de Urbanismo (2003-2007). Al día siguiente De Santos devolvió el dinero de esta investigación judicial y alegó que estos excesos se justificaban por su adicción a las drogas.

Irregularidades contables

La investigación había comenzado el 20 de febrero de 2008 como consecuencia de un escrito remitido por la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, después de que hubieran sido detectadas "irregularidades contables" en el departamento de Urbanismo, durante una auditoría correspondiente a 2006 de la EMOP. Los investigadores detectaron pagos de dicha tarjeta realizados de madrugada, entre las 4.00 y las 7.00, desde finales del año 2005 hasta finales de mayo de 2007, fechas que coinciden con las del ejercicio del cargo de teniente de alcalde del Ayuntamiento por parte de Rodrigo de Santos.

Hoy están citados también a declarar nueve testigos de la Fiscalía. Mañana han sido convocados tres testigos de la defensa entre los que podría encontrarse la mujer del ex concejal. Se presentarán pruebas periciales de médicos forenses y pruebas documentales y se prevé que mañana mismo el juicio pueda quedar visto para sentencia.

De Santos mantiene también otra causa abierta por presunto abuso de menores, por la que en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza tras haber sido dictada prisión preventiva contra él. En concreto se le acusa de los delitos de abuso sexual, tráfico de drogas y exhibicionismo. Una tercera causa en su contra es también por malversación de fondos públicos, fraude, falsedad documental y cohecho en relación a la construcción del castillo del Parque de Sa Riera cuando era concejal de Urbanismo. Por ese castillo infantil, el Ayuntamiento de Palma pagó 1,4 millones de euros a la empresa sueca Hags.