La Fiscalía pide a la Audiencia que excarcele al etarra De Juana para que se cure en su casa bajo vigilancia policial

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Sección Primera de este tribunal que conceda la prisión atenuada al dirigente de ETA Iñaki de Juana Chaos, cuya salud se ha deteriorado notablemente tras 77 días en huelga de hambre. La decisión la tomará a partir de mañana el pleno de Sala de lo Penal y no sólo los tres magistrados que componen la Sección Primera, pues el magistrado Alfonso Guevara ha pedido y obtenido el respaldo de sus compañeros para examinar en conjunto el caso, por la posibilidad de que siente precedente.

De aceptar la propuesta de la Fiscalía, el etarra debería cumplir su condena en su domicilio. De Juana estaría sometido a una vigilancia policial permanente para evitar su fuga. Otra opción habría sido colocarle una pulsera como la que se utiliza en los casos de violencia de género, y realizar controles periódicos de la Ertzaintza por sorpresa y a horas diversas para confirmar la presencia en el domicilio. Su excarcelación en cualquier caso sería reversible, es decir, volvería a ingresar en prisión en el momento en el que cesara la situación que la hizo aconsejable.

”Muerte súbita”

El lunes, los jueces recibieron un informe médico sobre el reo del Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde se encuentra ingresado, en el que se aseguraba que sufre “un alto riesgo de morir o padecer secuelas irreversibles a corto plazo”, no pudiéndose descartar tampoco “una muerte súbita”. Los médicos destacaron en su informe el riesgo que supondría volver a alimentar a De Juana por vía parenteral de forma forzosa, al haberlo hecho ya en dos ocasiones anteriormente.

La defensa solicita la libertad provisional para el etarra. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que actúa como acusación, cree que debe de seguir en prisión porque la huelga de hambre como excusa para obtener la libertad es una coacción inaceptable. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, pidió a los magistrados que valoren “qué ocurriría en España si todos los presos de ETA siguiesen su ejemplo e hicieran huelga de hambre”.

3.000 años de condena

Para la fiscalía, se trata de un problema de jerarquía de valores: el de la vida debe primar sobre el de la seguridad. Aplica el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece: “El juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se verifique en su domicilio con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el imputado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con la vigilancia precisa”.

De Juana, que perteneció al comando Madrid y cumplió 18 de los más de 3.000 años de prisión que le fueron impuestos por 25 asesinatos, fue condenado el 8 de noviembre a 12 años y siete meses de prisión por un delito de amenazas terroristas en relación con dos artículos publicados en el diario Gara que fueron considerados amenazantes por la Audiencia. Como ha recurrido la sentencia al Supremo, su situación carcelaria es la de preso preventivo, por lo que su situación depende del tribunal de instancia, es decir, de la Audiencia Nacional, en lugar de Instituciones Penitenciarias, que hubiera intervenido en caso de ser firme la condena.

Comité contra la tortura

La huelga de hambre actual, que dura ya dos meses, es la segunda que mantiene el etarra. La primera protesta duró dos meses, entre agosto y septiembre del año pasado. La Audiencia dictó entonces una resolución por la que autorizaba a los médicos a alimentarle contra su voluntad. El tribunal recalcó en su resolución “el esencial deber de la Administración de velar por la vida, integridad y salud del interno”. Los doctores del hospital Doce de Octubre le colocaron una sonda nasogástrica para alimentarle.

Una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, organismo dependiente del Consejo de Europa, viajó el 14 de enero a España para investigar la situación De Juana. La delegación, que no ha emitido ningún informe, estaba compuesta por su vicepresidente primero, Mauro Palma, el médico suizo Jean Pierre Restellini y el funcionario Maco Leidekker.