La Audiencia Nacional pide tres pruebas más en la investigación del chivatazo
La sala apunta a los agentes del operativo contra el aparato de extorsión de ETA
La Audiencia Nacional considera que el chivatazo al aparato de extorsión de ETA que investiga el juez Baltasar Garzón constituye un episodio de "una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". Por esa razón, la Sala de lo Penal de ese tribunal exige que la investigación se agote "hasta los extremos que sean necesarios". La Sala ha hecho público su criterio en un auto que obliga a Garzón a realizar tres nuevas diligencias de prueba, rechaza la mayoría de las solicitadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, y choca con el criterio del fiscal que, el pasado octubre, solicitó el archivo de la causa por falta de autor conocido. Garzón, por el momento, no ha tomado una decisión al respecto.
La sala quiere que se investigue una hipótesis desechada por inverosímil
La petición de archivo de la fiscalía se basaba en que el presunto receptor de la filtración, Joseba Elosua, no ha reconocido a la persona que le pasó el teléfono móvil a través del cual se le comunicó que estaba siendo investigado por sus actividades de chantaje. Un informe policial que analizó el tráfico de llamadas entre el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, el responsable de la sección de Análisis de la Brigada de Información de San Sebastián y un inspector de la Brigada de Información de Álava, apuntaba a que este último pudo pasar el móvil a Elosua "por orden o sugerencia" de García Hidalgo. Sin embargo, Elosua no identificó al inspector ni en fotos ni en la rueda de reconocimiento que se realizó ante Garzón.
El fiscal apuntaba también a otra hipótesis finalmente desechada por inverosímil y que se basaba en las conversaciones intervenidas a Elosua: que el filtrador es la persona "que controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos". Los investigadores llegaron a esta conclusión al darse cuenta de que el soplón conocía datos de la agenda de Elosua revelados en las conversaciones telefónicas que se le intervinieron.
La Sala, que considera que los hechos pueden ser constitutivos de revelación de secretos y colaboración con banda armada, solicita ahora que esa línea de investigación se vuelva a abrir. "Esa otra dirección", la que llevaría a los miembros del operativo policial que controlaba a Elosua, "no ha sido objeto de análisis ni investigación, ni por parte del fiscal, ni por parte de la policía, ni por parte del juez", dice la resolución, firmada por los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego, y redactada por el candidato del PP a magistrado del Constitucional Enrique López. "Parece que el círculo de posibles autores debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que (...) tenían conocimiento de que esa operación [contra el aparato de extorsión] se iba a realizar el 4 de mayo de 2006", fecha del chivatazo.
Por eso ordenan que Garzón interrogue de nuevo al agente C. G., uno de los coordinadores de la operación dirigida por Grande-Marlaska, y al que inicialmente se apuntó como filtrador. C. G. asegura, sin embargo, que en el momento del soplo estaba en el despacho del juez, preparando el operativo. Otros dos policías que participaron en él también deberán declarar ante el juez, que tendrá que recabar de Francia las llamadas de Elosua desde una cabina al etarra José Antonio Cau.
Las pesquisas del soplo envenenado
- ¿Qué es el 'caso Faisán'? Se trata de la investigación de un presunto chivatazo a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún y supuesto intermediario con ETA en el cobro de la extorsión del impuesto revolucionario, de que entre los días 4 y 6 de mayo de 2006 el juez Fernando Grande-Marlaska iba a desencadenar una operación contra la red de extorsión, en la que iban a ser detenidos el propio Elosua y 15 personas más. El bar llevaba más de 20 años investigado, incluso con cámaras ocultas.
- ¿Cómo fue el chivatazo? Según una conversación grabada el 4 de mayo a Elosua y su yerno Carmelo Luquin en el coche del primero (con micrófonos de la policía), esa misma mañana un agente entró en el Faisán y le pasó a Elosua un teléfono móvil. Al otro lado, un supuesto mando policial le advirtió de la inminente operación. El objetivo: detener a Elosua cuando iba a entregar a José Antonio Cau, de la red de cobradores de ETA, nueve millones de pesetas que le habría entregado como pago de la extorsión el dirigente del PNV Gorka Aguirre, ya fallecido, y que pudo haber sido detenido.
- ¿Se ejecutaron las detenciones? Sí, pero no en la fecha señalada, entre otros motivos, porque Cau no entró a España sino que Elosua fue a Francia. Y las autoridades francesas no consideraron suficientes los indicios y pruebas para detenerles. La operación se hizo en junio de 2006. Cayeron 16 personas, incluidos Elosua, Luquin y Cau. La mayoría sigue en prisión. No escapó ninguno.
- ¿Se investigó el soplo? Sí, por el mismo policía que detuvo a Elosua. La causa sigue abierta. Se han investigado 1.932 llamadas de teléfono, se ha interrogado a 63 personas (14 de ellas, policías o mandos), se han celebrado ruedas de reconocimiento, comisiones rogatorias a Francia... Tras analizar el cruce de llamadas, la hora del presunto soplo y las personas que estaban cerca del Faisán, fueron imputados un inspector de policía de Álava (José María B.), al que se achaca el darle el teléfono a Elosua y al que éste no reconoció ni en foto ni en persona; el jefe de Policía del País Vasco (Enrique Pamiés), de quien se dice que es quien habla a Elosua, y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Los tres han declarado y, según el fiscal y el juez, han dado explicaciones coherentes y comprobables. Sólo les señala el tráfico de llamadas, por lo que el fiscal sugiere archivar la causa. El primero era el hombre de confianza del segundo y éste, amigo de García Hidalgo. No estaban al tanto de la operación y estaban vinculados por amistad y estructura jerárquica.
