La Audiencia Nacional rechaza defender a Zapatero de las "injurias" de la AVT
Los denunciantes exigen el mismo celo que con los insultos a los Príncipes o a Aznar
Tachar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "embajador de ETA" es injurioso, pero no es un ataque al Gobierno y, por tanto, la Audiencia Nacional ha decidido que no puede intervenir. Con este criterio se ha archivado una querella contra el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, que en 10 ocasiones acusó al presidente y a su Ejecutivo de complicidad con ETA. Los querellantes, una asociación de abogados, comparan la pasividad de la Audiencia en este caso con su despliegue en defensa de los Príncipes.
El pasado mayo, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADAE) denunció a Alcaraz por un delito de calumnias e injurias graves al Gobierno de la nación (artículo 504 del Código Penal), por una decena de frases que imputaban al Gobierno "una complicidad, connivencia y colaboración con la organización terrorista ETA, tanto en sus actuaciones como en la búsqueda de sus objetivos".
Algunas de esas invectivas eran las siguientes: "El Ejecutivo ha preparado estos comunicados de ETA"; "la declaración de tregua de ETA era una declaración consensuada entre el Gobierno y la banda"; "el diálogo con ETA supone legitimar los cientos de asesinatos y los miles de heridos provocados por la barbarie terrorista"; "el presidente se está rindiendo y está permitiendo y fomentando el chantaje de ETA"; "el proceso de diálogo es un éxito de ETA y un pago al Gobierno al chantaje de ETA"; "Zapatero es el embajador de ETA"; "es indignante que encontremos a Gobierno y partidos afines defendiendo a terroristas"; "la ruptura del diálogo tras el atentado de la T-4 es un paréntesis que tanto ETA como el Gobierno han ideado para retomar el proceso (...). Así podrán pagar el precio político que les exige ETA"; "el presidente hace tiempo que habla, siente y padece como los propios terroristas"; "el presidente tiene asumido el discurso de ETA"; "usted y su Gobierno como interlocutores del mal llamado proceso de paz no ponen a disposición judicial y policial los datos e informaciones que permitan la detención de los terroristas con los que se ha sentado a hablar, como Josu Ternera".
El pasado 4 de julio, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional rechazaba dicha querella por juzgar que estaba fuera de sus competencias. El auto explicaba que, a tenor de la doctrina del Supremo, la tipificación de las conductas injuriosas o calumniosas contra los altos órganos de la nación busca proteger la dignidad de los mismos, pero no a personas individuales concretas.
"Miran para otro lado"
"Las expresiones proferidas por el procesado, evidentemente rechazables moral y socialmente, van dirigidas no contra el Gobierno como órgano del Estado, sino individualizadas en un miembro del Gobierno, el de su presidente". Por tanto, sostiene el juez Ismael Moreno, "no puede haber discusión respecto a que la conducta tipificada no se ha producido, puesto que las frases reputadas injuriosas por el ministerio fiscal, se concretan en personas, algunas tan calificadas como su presidente, integrante del Gobierno, pero no a éste como alto órgano de la nación".
Los querellantes han recurrido porque "se están imputando al Gobierno (en ocho ocasiones) y a su presidente (en otras dos) actos consistentes en pactar con una banda terrorista para colaborar en la consecución de sus fines y para proteger a los propios terroristas y evitar su detención".
Mariano Benítez de Lugo, letrado denunciante, critica la pasividad judicial: "Resulta asombroso el criterio del juez y del fiscal: cuando se trata de una caricatura de una figura institucional, despliegan toda su energía represiva, y cuando se acusa al Gobierno de actos delictivos graves miran para otro lado. En el pasado, la Audiencia sí actuó cuando un miembro del Gobierno vasco y el juez Joaquín Navarro insultaron al presidente José María Aznar. Y utilizó precisamente el artículo 504 del Código Penal contra dichas personas, aunque sus acusaciones, al contrario que ahora, se dirigían específicamente contra Aznar, y no a su Ejecutivo en conjunto, lo cual evidencia que para la Audiencia hay dos varas de medir según quién sea el presidente del Gobierno".
