La Audiencia Provincial ordena detener a los administradores de CPV
La promotora en 2002 sus oficinas dejando a miles de afectados sin piso en los PAUs de los barrios del norte
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la detención de los administradores de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) ante el posible riesgo de fuga por las elevadas condenas que prevé imponer el tribunal por la supuesta estafa de la inmobiliaria que, en octubre de 2002, cerró sus oficinas dejando a miles de afectados sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas. Los cuatro principales acusados ya han sido arrestados.
En un auto, la Sección Decimoquinta decreta la detención de Francisco García Moreno, el máximo responsable de la compañía, sus dos hijos, Francisco y Miguel Ángel -administrdores de la sociedad-, y un amigo de éstos, Miguel Angel Morillo.
La Sala fundamenta su decisión en "las penas que pudieran imponerse a los acusados, una vez deliberada la sentencia, el escaso tiempo que han estado en prisión provisional, la naturaleza de los hechos, la situación económica de los acusados y el aseguramiento de su presencia en fases posteriores del proceso". La sentencia por el denominado caso CPV se notificará en las próximas horas a las partes personadas en el procedimiento.
Petición de penas
Además, la Sección 15 celebrará mañana, a las 9.45 horas, una vistilla en la que los abogados defensores, las acusaciones personadas y el fiscal se pronunciarán sobre la situación de prisión preventiva de los responsables directos de la estafa. Este procedimiento se inició en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades.
La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió adelante. Los procesados se enfrentan a 15 y cuatro años de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, y a una multa de 60 euros diarios durante 36 meses. Así, el fiscal rebajó el 17 de septiembre de 72 a 68 años de prisión la petición de penas para los seis acusados, entre los que figura también los supuestos testaferros de la sociedad, Adelina E.A. y Alfredo V.G.
La Fiscalía de Madrid sostiene que los encausados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU,s de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.
