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La Audiencia archiva las denuncias de los consumidores contra USCA

Ya lo adelantó hace dos semanas el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes. Las denuncias presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) contra el sindicato de controladores USCA tenían poco futuro al no encajar en el catálogo de delitos de ese tribunal. Esa es la razón que dio ayer el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, para archivar el caso y remitirlo a la Fiscalía de Madrid.

La denuncia de OCU coincidía en su visión del caso con la de la fiscalía. Esa organización consideraba que al haber abandonado los controladores sus puestos de trabajo provocando el cierre del espacio aéreo español, pudieron haber cometido un delito contra el tráfico aéreo "en su vertiente de sedición". Ese delito se recoge en una norma preconstitucional, la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, aprobada en 1964. FACUA, por su parte, consideraba que los hechos podían ser constitutivos de sedición (no la aérea, sino la recogida en el Código Penal común), abandono de destino, falsedad documental y coacciones.

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La fiscalía lleva ante el juez la posible sedición de los controladores

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el archivo del caso por falta de competencia de la Audiencia. En su informe, consideraba que la protesta de los controladores podría encajar en la sedición aérea como manifestaba OCU. Sin embargo, subrayaba que ese delito no estaba entre los correspondientes a la Audiencia. La Fiscalía General del Estado entiende desde hace semanas que los hechos encajan en ese delito.

Sin competencia

El juez Ismael Moreno, en su resolución de ayer, sigue el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y sostiene que "en modo alguno los referidos hechos pueden ser objeto de tipificación, siquiera indiciariamente, en alguno de los supuestos delictivos comprendidos en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", el que establece las infracciones que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional. Por esa razón, según el juez, "ha de denegarse la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de las mismas".

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Moreno, aceptando también la petición del fiscal, remite las denuncias a la Fiscalía de Madrid, al tener abiertas esta última unas diligencias de investigación sobre la huelga encubierta.

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