La Audiencia avala el embargo de las 'herriko tabernas' por financiar a ETA
El embargo de las cuentas de las herriko tabernas es correcto porque "existen indicios" de que sus fondos son "utilizados por la banda terrorista ETA para realizar actividades delictivas". Así lo indica la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en un auto en el que rechaza el recurso que interpusieron los dueños de ocho establecimientos de este tipo.
Con esta resolución, dictada ayer, el tribunal avala los embargos que pesan sobre estos locales desde hace casi seis años a instancias del juez Baltasar Garzón. El magistrado tramita un sumario, con 42 procesados, sobre la supuesta financiación de ETA a través de herriko tabernas. Entre los imputados se hallan los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi y Joseba Permach.
La Sección Cuarta -que integran los jueces Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Carmen González- considera que las sucesivas prórrogas de los embargos dictadas por Garzón -la última, el pasado 15 de enero- son legales. El juez embargó las cuentas de medio centenar de herriko tabernas, si bien sólo ocho de ellas recurrieron la decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia. Los recursos no han tenido fruto.
Prórroga legal
Los jueces señalan que la instrucción sobre la supuesta financiación a la banda ETA sigue abierta y que, por ello, "se hace necesario velar legalmente por la persona o entidad designada para evitar el control de estos fondos por parte de la banda terrorista".
El tribunal quita importancia al hecho de que se haya cumplido el plazo máximo de cinco años de suspensión de actividades que dictó Garzón. Argumenta que ello no impide que la medida pueda volver a ser acordada. Además, existe una resolución del Tribunal Supremo ilegalizando a Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y a Batasuna. Y de ella se infiere la posibilidad legal de mantener y prorrogar los embargos de estos establecimientos sin vulnerar la ley.
Las medidas cautelares dictadas por Garzón y ahora confirmadas por la Audiencia Nacional afectan a "bienes y entidades" que sean de "índole económico-financiero o bancario". Además, Garzón ha avisado de que el incumplimiento de estas medidas "podría dar lugar a responsabilidad penal".
