La Audiencia rechaza el procesamiento de los militares de EE UU implicados en la muerte de Couso

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el procesamiento de los tres militares de EE UU implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Irak en 2003, al estimar que no hay indicios "suficientes" para continuar con la investigación. Con esta decisión, la causa queda archivada al no caber la posibilidad de recurso.

La sección segunda de la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Fernando García Nicolás, ha dictado un auto en el que respalda la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado 21 de abril pidió el archivo de la causa porque consideró que la muerte del camarógrafo se enmarcaba dentro de un "acto de guerra".

Durante la vista de apelación se ha discutido el recurso presentado por la propia Fiscalía contra el auto de procesamiento del juez de Instrucción, Santiago Pedraz. En sus alegaciones, el representante del ministerio público ha insistido en que "no hubo intencionalidad por parte de los militares para acabar con la vida de Couso", según fuentes fiscales. Además, aunque admite que la Audiencia Nacional es "competente para investigar los crímenes de guerra, en este caso, los hechos carecen del dolo necesario que recoge el convenio de Ginebra como requisito para llevar a cabo la investigación". El fiscal ha insistido en que "no es un crimen de guerra ni un asesinato".

Los abogados que ejercen la acusación se han mostrado en contra. En primer lugar habló el representante de los hermanos del cámara, Enrique Santiago, quien ha explicado que los argumentos del fiscal carecen "de fundamento". En su opinión, ha quedado "acreditado" que el proyectil que impactó en el hotel en el que se hospedaba el cámara y que acabó con su vida respondió a "un ataque indiscriminado con absoluto conocimiento de que se trataba de una hotel de periodistas protegido internacionalmente".

La familia del cámara muerto ha asegurado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo, como ya hicieron la última vez que la Audiencia Nacional decretó el archivo de la causa.

Segundo rechazo de la Audiencia

Se trata de la segunda vez que la Audiencia Nacional rechaza la decisión del juez Pedraz de investigar a los tres militares. La primera vez que decretó el archivo de la causa el 10 de marzo de 2006, el tribunal consideró que los hechos no fueron constitutivos de delito y que los soldados llevaron a cabo "un acto de guerra" con fatales consecuencias.

En el auto de procesamiento, el juez señaló que esta acción podía ser constitutiva de un delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional, que puede ser castigado, este último, con una pena de prisión de entre 10 y 15 años.

La Fiscalía solicitó que quedaran sin efecto las tres órdenes de busca y captura y detención internacional que el juez dictó contra ellos, así como la fianza de un millón de euros que fijó en el auto de procesamiento para cuando los tres militares pasaran a disposición de esta causa. En el recurso, el fiscal entendía que la actitud del sargento Thomas Gibson, y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, no fue "indiscriminada ni excesiva" aun cuando puede tener "relevancia penal y ser merecedora de algún reproche punitivo", y apuntaba a la "mala fortuna y la fatalidad".