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El Ayuntamiento de Barcelona crea una comisión para investigar la corrupción de Ciutat Vella

Los partidos de la oposición en el consistorio no podrá ver el sumario porque así lo ha decidido la juez del caso

Nueva comisión de investigación en el Ayuntamiento de Barcelona. Cuando el consistorio municipal todavía no ha cerrado la comisión abierta por el hotel del Palau de la Música, en Ciutat Vella, los cinco partidos políticos han acordado abrir otra. Esta nueva por la trama de corrupción del mismo distrito por la que están imputados, por ahora, dos funcionarios municipales, Heliodoro Lozano y Elena Ariza, y el considerado cerebro de la red de extorsión, el ingeniero Joaquím Quílez.

Asimismo, en el caso han declarado ante los Mossos d'Esquadra una veintena larga de empresarios que supuestamente accedían a los pagos que requería Quílez para allanar los trámites para abrir apartamentos turísticos y evitar inspecciones que descubrieran las irregularidades.

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La propuesta de crear la comisión de investigación ha partido del Partido Popular y a ella se han sumado todos los partidos. Los que gobiernan en el consistorio, PSC y ICV, y también los de oposición, CiU y ERC, porque entienden que puede ser un instrumento para aclarar las responsabilidades administrativas y políticas de la trama, con independencia de lo que decida el juez. El bipartito que gobierna la ciudad se ha sumado en "aras de la transparencia" que, dicen, preside este asunto.

La oposición pide también que sean cesados otros dos funcionarios que aparecen en las conversaciones intervenidas policialmente -el actual edil Roger Pallarols (PSC) y el gerente de Seguridad, Albert Dalmau que no están imputados- como gesto de responsabilidad del gobierno municipal y para que la "ciudadanía crea que se toman decisiones", en palabras del edil de ERC, Rircard Martínez.

Esta propuesta también ha sido asumida por el bipartito que, no obstante, no piensa relevar del cargo a nadie mientras existan "dudas razonables", en palabras de la portavoz del gobierno, Assumpta Escarp. La edil ha comunicado a la oposición que no pueden tener acceso al sumario del caso porque la juez les ha denegado el permiso que solicitaron.

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