El Ayuntamiento de Salamanca intenta falsear la publicación de las tasas

El Ayuntamiento de Salamanca, que preside Julián Lanzarote (PP), puso ayer en marcha una edición del Boletín Oficial de la Provincia con fecha falseada, el 31 de diciembre de 2007, para simular que cumplía con la obligación de publicar en ese plazo límite varias de las tasas aprobadas el pasado 27 de diciembre y que han motivado tres grandes manifestaciones en la Plaza Mayor. Poco después de que un juez admitiera a trámite una denuncia presentada por el PSOE, varios agentes de la policía judicial llegaron a la imprenta cuando se realizaba la tirada del Boletín con fecha del pasado 31 de diciembre.

La corporación dejó pasar el plazo límite que marca la ley

Los socialistas se enteraron de la irregularidad cometida ayer tras advertir en Internet que no figuraba el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca correspondiente al último día del año pasado. Cuando realizaron diversas averiguaciones, fueron alertados de que se estaba preparando la publicación de una edición de ese boletín con fecha del 31 de diciembre. Entorno a las doce del mediodía, presentaron una denuncia en el juzgado de guardia. Dos horas después, agentes de la Policía Judicial comprobaron en la imprenta de la Diputación, en la que gobierna también el PP, que se estaban imprimiendo ejemplares del Boletín provincial con la fecha del último día del año pasado.

Avanzada la mañana, el Ayuntamiento colgó en Internet la portada del Texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2008 que han sido objeto de modificación, pero no las páginas con el contenido que se anunciaba.

Tanto el portavoz socialista en la corporación municipal, Fernando Pablos, como en la Diputación provincial, Toribio Plaza, resaltaron que se ha puesto de relieve que, "una vez más, se ha saltado la normativa en vigor y, por tanto, el Ayuntamiento va a tener muy complicado cobrar las nuevas tasas, porque no se ha cumplido con lo que establece la ley". En ese caso, de no percibir la más importante de esas tasas, la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) -una de las que más rechazo ha producido, porque su crecimiento medio es de 45 euros- las arcas municipales dejarían de ingresar 5,5 millones de euros, a lo que se añadiría cerca de otro millón en relación con el censo de nuevas construcciones. La falta de soporte legal para exigir el pago afectaría también al impuesto sobre vehículos.

El portavoz socialista en la Diputación precisó, además, que al no haberse publicado el Boletín provincial del pasado día 31 en tiempo y forma correctos, otros ayuntamientos que habían remitido sus textos fiscales van a verse afectados y no podrán aplicar las nuevas ordenanzas relativas a 2008.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento rehusó dar ayer su opinión y afirmó que la expresará hoy.