Nueva etapa tras un conflictivo proceso
Aunque Baleares ha sido de las últimas en obte ner su condición de comunidad autónoma a con secuencia de un conflictivo proceso, el nivel de transferencias de la Administración central está prácticamente completo, a excepción de algunas partidas que se están renegociando y todo lo refe rente a cuestiones fiscales y de recaudación de tri butos e impuestos.Desde que en mayo de 1979 se constituyera el actual Consell General Interinsular, el mapa político balear ha experimentado un giro a la izquierda con la ascensión del PSOE, la desaparición de UCD -disgregada en varios grupos- y el crecimiento de Alianza Popular, que se presenta ahora como segunda fuerza política, según los resultados de las elecciones legislativas del 28 de octubre.
Un pacto político unitario, suscrito con la idea de tener acceso a la autonomía regional, posibilitó que en 1980 se constituyera la comisión de los 11, en la que estaban representados proporcionalmente los partidos políticos más votados en las elecciones de 1979, que se encargó de redactar un primer anteproyecto de autonomía para el archipiélago. La firma entre UCD y PSOE de un nuevo pacto para la concreción del texto estatutario culminó, en el mes de noviembre de 1981, con su aprobación por la Asamblea de Parlamentarios de Baleares, convocada por el CGI, y en la que Alianza Popular se retiró por no aceptár el texto. El otro voto negativo al texto estatutario provino de Jos nacionalistas del Partido Socialista de Mallorca-Menorca, que elaboraron un texto alternativo testimonial.
Iniciado el proceso preautonómico por la vía del artículo 143 de la Constitución, el voto en contra de un concejal del PSOE (que no respetó la disciplina de partido) del Ayuntamiento de San Antonio Abad (Ibiza) produjo un frenazo en los trámites y dio lugar a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte de Alianza Popular, basado en la supuesta ilegalidad de todo lo actuado hasta noviembre de 1982. La Audiencia Territorial de Palma de Mallorca falló a favor del recurso y la Federación Socialista BalearPSOE apeló contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que tardó unos meses en dictar su fallo definitivo. Entre tanto se tramitó en las Cortes el proyecto de estatuto por la vía del artículo 143, con la oposición del Grupo Parlamentario Popular, y quedó, finalmente, aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 1 de marzo de este año.
Un decreto de fecha 7 de septiembre de 1979 inició el proceso de transferencias, por el que se delimitaron los traspasos, casi totales, de competencias en materia de urbanismo, turismo (excepto informes sobre infraestructura y concesión de créditos), transportes (que más tarde se completarán), Administración local (aunque muchas de ellas no han sido valoradas y tienen carácter provisional) y agricultura (excepto el IRYDA y el ICONA). Sendos decretos posteriores -hasta el último, de 29 de diciembre de 1982- completaron el cuadro de materias transferidas, por los que se añadieron las de servicios y asistencia social, Sanidad (funciones y servicios de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional), Agricultura y Pesca, e Industria, Comercio y Energía. Las últimas materias transferidas son las referentes a cultura y estructuras comerciales y comercio exterior.
Según datos facilitados a este periódico por Vicente Matas, secretario general del CGI, "en la actualidad se eptán negociando, más que transferencias nuevas, ampliaciones de las anteriores y su valoración. Por ejemplo, obras públicas (puertos, carreteras y medio ambiente), industria (el Iresco), agricultura (IRYDA e Icona) y Hacienda. En este apartado se está renegociando la transferencia de los tributos previstos en el Estatuto de autonomía de Baleares, es decir, los impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones; las tasas de casino, juegos y apuestas, excepto las benéficas, y los impuestos de comercios minoristas, excepto los sujetos a monopolio estatal".
Se cierra con estas elecciones el período de transición institucional desde la dictadura, en el que el CGI ha actuado como institución preautonómica. Desde que se constituyó, en su fase actual ha estado compuesto por un plenario de 24 escaños (13 consellers de UDC, 4 del PSOE, 3 de Independientes de Ibiza-Formentera, 2 del PSM y 1 de AP y PCIB, respectivamente), un Consell Executiu (los nueve consellers con cartera) y el presidente. El presupuesto de la comunidad, hasta que se aprueben los del Estado para 1983, está dotado con 3.223 millones de pesetas, que se distribuyen entre los tres Conselis insulares y el propio CG1 (350 millones).
Candidatos que encabezan las listas por circunscripciones.
Mallorca. PSOE: Félix Pons. AP-PDP-UL: Gabriel Cañellas. PCE: Josep Valero. Unió Mallorquina: Jerónimo Albertí. Partido Comunista Obrero Español: Jerónimo Matamalas. Partit Socialista de Mallorca (PSM): Sebastiá Serra. CDS: Federico Quetglas.
Menorca. PSOE: Tirso Pons. AP-PDP-UL: Juan Huguet. PCE: Miguel Sintes. Partido Socialista de Menorca: Joan López Casasnovas. CDS: Carlos Ricci. Candidatura Independent de Menorca: Cristóbal Triay.
Ibiza. PSOE: Enric Ribas. AP-PDP-UL: Cosme Vidal. PCE: Antonio Planells. PDL: Alonso Marí.
Formentera. PSOE: Bartolomé Ferrer. AP-PDP-UL: Vicente Ferrer. PDL: José Ferrer.
