Barbero advierte que si un Gobierno subordina los jueces a sus intereses acaba con la democracia
El juez Marino Barbero, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que instruye el caso Filesa, lanzó ayer un enérgico alegato contra las "presiones subrepticias, no por disimuladas y ocultas menos temibles", de los gobernantes hacia los jueces. Era la primera ocasión en que pronunciaba un discurso desde que lleva la investigación de la presunta financiación irregular de¡ PSOE. Elegido Jurista del año 1992 por la Asociación de Antiguos Alumnos de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, aprovechó su turno de agradecimiento para advertir que si un Gobierno pretende convertir al juez en servil, supeditarle a sus conveniencias e intereses, está precipitando la quiebra del funcionamiento democrático.
Barbero recibió la distinción de Jurista del año de manos del alcalde de Madrid, José María Álvarez Manzano, quien ocupó la presidencia del acto junto al rector de la Universidad Complutense, Gustavo Villapalos, y al decano de la Facultad de Derecho, José Iturmendi.Entre los dos centenares de, personas que abarrotaban la sala se encontraban el ex ministro centrista Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona -quien expuso públicamente los méritos de Barbero por los que le han otorgado el premio-; el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, elegido Jurista del año en 1991; José María Manzanares, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, y Cristina Alberdi, entre otros relevantes miembros de la carrera judicial.Barbero empezó por relatar, a modo de confesión, que un juez no debe expresarse más que por la palabra escrita, "aunque a veces tenga enormes deseos de gritar la verdad que él mejor que nadie conoce, frente a no pocas tergiversaciones". Recordó que en 1952 era un opositor a la dictadura, y apeló a que cuando fue elegido magistrado del Tribunal Supremo, en 1986, era el catedrático de Derecho Penal que "más tenazmente había luchado por el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales en el ámbito punitivo".
En el ojo del huracán por la polémica sobre sus actuaciones en el caso Filesa, se mostró decidido a esquivar las presiones de quienes elogian "superlativamente" su labor y de quienes "no menos superlativamente la denigran". Su concepción del Derecho, precisó, es la que se orienta hacia metas progresivas de libertad, de igualdad, de democracia y de progreso.
En un discurso leído, y con entonaciones que imprimían vehemencia a sus palabras, aprovechó la cita de un autor clásico para señalar que "es tan inimaginable que en un Estado democrático ( ... ) se verifique un ataque frontal al poder judicial que, por lo común, los peligros para la independencia [judicial], provenientes de los otros poderes, más que de abierta oposición e injerencia revisten la forma de presiones subrepticias, no por disimuladas y ocultas menos temibles".Amedrentar
El magistrado instructor del caso Filesa recurrió a otra cita, en esta ocasión de Battaglia, para decir en voz alta, y enérgica, que "está lejos el tiempo en que los gobernantes, para obtener de los jueces sentencias o decisiones favorables, se veían obligados a encarcelarlos. Ahora basta corromperlos. Ahora basta, cabe añadir, amedrentarlos", agregó Barbero.
Los regímenes libres se fundan en una magistratura independiente, pero responsable, recordó. "De ahí", dedujo, "la necesidad de reaccionar del modo más enérgico contra injerencia del poder ejecutivo en el campo reservado al judicial. Va en ello la sobrevivencia del Estado democrático".
Como conclusión, y amparado en que hablaba a título personal y como profesor a punto de cumplir 30 años como catedrático de Derecho Penal, consideró un deber advertir que el equilibrio de poderes que sustenta el Estado de derecho "puede sufrir grave quebranto, su desmoronamiento incluso, si el Ejecutivo falta al Judicial el obligado, y recíproco, respeto; si perdida toda ecuanimidad no tiene reparos en señalarle -con la coacción inherente a tal indicación- cuáles son las decisiones que debe tomar; si menosprecia que la pretensión de convertir al juez en servil, de supeditarlo a sus conveniencias e intereses, constituye el fin de la organización democrática de la vida pública". Una organización que se estructura "sobre el presupuesto de que el juez está sólo sometido a la Constitución y a las leyes, y no a interesadas veleidades".
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense entregó en el mismo acto al catedrático Leonardo Prieto Castro el premio a una vida dedicada al Derecho, y a la revista Tapia el premio Medio de Comunicación del Año.
