El juez Barbero renuncia a la carrera judicial y abandona la instrucción del 'caso Filesa'
El juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, renunció ayer a su carrera de magistrado en un escrito en el que pretexta no haber obtenido el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente a unas declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Fuentes del Tribunal Supremo apunta ron como motivos más verosímiles de la renuncia el fin de la instrucción del caso Filesa tras casi cuatro años y su escasa repercusión en comparación con los demás escándalos judiciales que sacuden la vida política. Las mismas fuentes apuntaron que Barbero no estaría demasiado satisfecho con la perspectiva de tener que reincorporarse a juzgar y dictar sentencias a partir de septiembre.
En septiembre, el Supremo designara un nuevo instructor para el caso, que está a la espera de los escritos de acusación.Barbero esgrimió como excusa para presentar su renuncia a la carrera judicial la denegación de amparo a su independencia por parte del CGPJ frente a las declaraciones del presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra en las que éste le acusó de "querer intervenir en política sin presentarse a las elecciones dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas".
El juez instructor de Filesa explica en su escrito que estas declaraciones afectan "de modo directo y grave" a su independencia como juez y. son asimismo atentatorias contra su "honor personal y familiar". Por ello pidió el amparo del CGPJ, que el pasado 12 de julio le fue denegado por 18 votos frente a 11.
Frente a la petición de amparo de Barbero, el Poder Judicial dictaminó que no se apreciaban condiciones objetivas de las que pueda desprenderse ataque o perturbación para el ejercicio de su función jurisdiccional en la presunta financiación delictiva del partido [el PSOE]".
Para Marino Barbero, esta resolución ha sido "no sólo sorprendente, sino infundada", por lo que entiende que no le cabe otro recurso que presentar "con profunda amargura", la renuncia a la carrera judicial. Agrega que, con su renuncia, las sucesivas actuaciones del caso Filesa no podrán ser consideradas alteradas ni por los justiciables ni por resto de los ciudadanos ante las "intervenciones constrictivas" de Rodríguez Ibarra.
El juez de Filesa agrega que la situación, aunque no deseada por él en absoluto, le obliga a pedir la renuncia con la máxima urgencia, "puesto que me considero privado de libertad para adoptar cualquier clase de resolución en la mencionada causa".
Polémica
La renuncia de Barbero no cogió por sorpresa a los magistrados de la Sala Segunda, que ya esperaban una decisión así desde hace algún tiempo. Las relaciones del polémico juez con sus compañeros del Supremo se habían ido deteriorando a lo largo de los casi cuatro años de instrucción del caso Filesa y cayeron en picado cuando Barbero manifestó públicamente, en dos ocasiones, que los argumentos de sus compañeros para no conceder el suplicatorio de Alfonso Guerra eran, desde el punto de vista técnico, "impresentables". La denegación del suplicatorio fue acordada en sala general por ocho votos frente a cuatro.Pero antes de llegar a a ese extremo, las decisiones del juez habían sido corregidas en numerosas ocasiones por sus compañeros del alto tribunal. Y sobre todo, eran ya incesantes las llamadas de atención para que pusiera fin a los trámites de un "procedimiento abreviado" iniciado casi cuatro años atrás.
Procedente de la cátedra de Derecho Penal, Barbero accedió a la carrera judicial por el cuarto turno, con los votos de los vocales afines al PSOE y las bendiciones de los vocales extremeños del segundo Consejo del Poder Judicial, singularmente las de Pablo Castellano y el fallecido Antonio Hernández Gil. Este origen universitario evidenció sus deficiencias técnicas en la instrucción sumarial al ser el caso Filesa la primera oportunidad en que Barbero actuaba como instructor.Los virulentos cruces de acusaciones con el entonces fiscal del Estado, Eligio Hernández; los vítores cosechados tras los espectaculares registros a la sede del PSOE en Ferraz; la repercusión internacional por la entrada y registro del Banco de España y las polvaredas levantadas por su costumbre de hacer coincidir las diligencias más espectaculares con las. campañas electorales le propulsaron a un estrellato siempre observado con escepticismo, cuando no con descalificaciones soterradas, en la generalidad de los medios forenses.
La repetición de comparecencias para que declarasen como inculpados los mismos empresarios y banqueros que antes lo habían hecho como testigos contribuyó a dilatar el proceso, y le deparó las primeras críticas de medios de comunicación que antes habían jaleado sus actuaciones. Barbero respondió con continuas lamentaciones sobre falta de medios materiales, replicadas por una Sala que, ya sin disimulos, le pedía una y otra vez que cerrase las actuaciones.
Su último y más espectacular envite fue la propuesta a la Sala Segunda para que enviase el suplicatorio para proceder, por delito electoral, contra Alfonso Guerra. Barbero la elevó sin el respaldo del fiscal, requisito considerado casi necesario para tener alguna probabilidad. EI Supremo respondió con un fuerte varapalo, tachado por Barbero, a su vez, de "impresentable".
En los últimos meses, Barbero hacía vida al margen de los demás magistrados, refugiado en unas dependencias equipadas con muebles del V Centenario y permanentemente vigiladas por un guarda de seguridad. Sólo se relacionaba con Fernando Cotta, actual presidente de la Sala Segunda, y uno de los cuatro que votó a favor de conceder el suplicatorio de Guerra. El pasado 4 de mayo, Barbero presento una lista de 39 inculpados en el caso Filesa en la que figuraban socialistas, empresarios y banqueros.
Fuentes del Supremo indicaron que el polémico juez se había "agotado en sí mismo" y añadieron que Filesa era casi "un juicio de faltas" en relación con el caso GAL. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) manifestó, por su parte, que Barbero nunca estuvo desamparado en su polémica con Juan Carlos Rodríguez Ibarra debido a que se encuentra en tramitación una querella conta el presidente extremeño. El portavoz de la APM, Ángel Calderón, declaró que la postura de Barbero es una "opción legítima" sobre una situación "muy personal y muy subjetiva".
La última actividad de Barbero como instructor consistió en notificar el pasado viernes al ministerio fiscal y a las acusaciones la ampliación en dos meses del plazo para presentar sus escritos en petición de apertura del juicio oral y en los que tiene que formular la acusación, pedir el sobreseimiento o, excepcionalmente, proponer nueva pruebas. Este plazo finalizará el 4 de octubre.
Paralelamente, el Supremo deberá resolver los recursos de queja presentados por los 39 inculpados contra la desestimación por el juez Barbero de los recursos de reforma contra la inculpación.
