Barcelona culpa a Interior del aumento de la prostitución

Los vecinos y comerciantes del barrio barcelonés del Raval que piden una solución frente al aumento de la prostitución, con zonas en las que el sexo se practica al aire libre, se toparon ayer con una frustrante respuesta de las administraciones. Todas (Ayuntamiento, Generalitat y Delegación del Gobierno central) admiten su incapacidad para atajar el fenómeno, responsabilizan a las otras y recuerdan que la prostitución y El Raval llevan siglos cohabitando.

El Ayuntamiento (PSC e IC) sostiene que, con la ordenanza de civismo (en vigor desde 2006 y que prevé multas para prostitutas y clientes), identifica y sanciona a las mujeres, la mayoría inmigrantes sin papeles. Después las entrega al Cuerpo Nacional de Policía del Ministerio del Interior. Si las mujeres no son expulsadas del país, ya no es cosa suya, sostiene. La Delegación del Gobierno en Barcelona eludió públicamente contestar a estas acusaciones del gobierno municipal, aunque recordó que no basta con la entrega de una inmigrante irregular sin identificar, porque esto imposibilita su expulsión a países del África subsahariana con los que no existe convenio de extradición. Los Mossos d'Esquadra, por su parte, afirman que su cometido no es perseguir a las prostitutas.

En la oposición, Convergència i Unió aseguró que el Ayuntamiento no aplica con rigor la ordenanza y criticó que la plantilla de la Guardia Urbana se vea mermada un 60% en verano. Para el PP, el problema es que la ordenanza es "confusa y difícil de aplicar", mientras que ERC pidió un "pacto político".

Ante la ineficacia de la ordenanza, vecinos del Raval, comerciantes de la Boqueria y las trabajadoras sociales que ayudan a las prostitutas se mostraron partidarios de legalizar la prostitución para que las mujeres ejerzan en locales regulados.