ELPAÍS.com - Madrid - 23/07/2008
El titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha señalado, durante un encuentro digital con los internautas, que no cree que Ibarretxe vaya a seguir adelante tras el fallo del Tribunal Constitucional tras los recursos presentados por el presidente del Gobierno de la Nación y cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Bermejo, ha afirmado que en caso de hacerlo, "el Estado de Derecho tiene resortes, que utilizaríamos de inmediato, para evitar la consumación de la desobediencia".
Siguiendo con la línea política, Bermejo ha aclarado que no hay un pacto de justicia con el PP, sino que son "acuerdos puntuales para conseguir la modernización de la administración de Justicia, tanto en métodos de trabajo como en instrumentos para realizarlo, en especial los informáticos". Además, el ministro ha insistido en la importancia de un inmediato acuerdo con los populares para la "renovación del Consejo general del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, cuyos plazos de renovación han transcurrido ya largamente".
Por otro lado, el ex fiscal abulense ha confesado que de todos los momentos profesionales vividos, éste ha sido uno de los más duros y más "con las deficiencias de la Administración de Justicia que se han detectado por esa causa". Asimismo, sobre el segundo caso, Bermejo ha asegurado que "en estos momentos estudiamos la reforma de los delitos contra la libertad sexual para evitar situaciones como las que a usted le preocupan".
Además, el ministro de Justicia ha hablado de la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo a Javier Gómez de Liaño en la que, según ha explicado, "la doctrina del Tribunal de Estrasburgo es ya seguida por nuestros tribunales. No lo fue en aquel momento, porque la interpretación de nuestros tribunales no era tan exigente como comenzó a ser la del Tribunal de Estrasburgo. No supone en absoluto que la sentencia fuera injusta, sino que la apariencia de imparcialidad del tribunal no era suficiente, por lo que se establece una indemnización de 5.000 euros, muy lejos de los más de 300.000 que se solicitaron".
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