Bloqueo en los pilares de la justicia

Las dos principales instituciones judiciales del país, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, están al borde del bloqueo. Esta situación, sin precedentes en la democracia, dio ayer un nuevo vuelco. Si la semana pasada fue el Gobierno quien presentó la recusación de dos magistrados del Constitucional, algo inédito, el PP respondió anunciando a su vez la recusación de otros tres.

Esta partida de cartas, en la que a un órdago le sigue otro, no tiene solución, porque las dos recusaciones afectan a cinco magistrados, que sumados a los dos que se han abstenido para juzgar la inconstitucionalidad de la ley que permite alargar el mandato de la presidenta, son siete. Quedarían así en la mesa sólo cinco de los 12 miembros del Constitucional. Cualquier decisión exige un quórum mínimo de ocho magistrados, por lo que el bloqueo es prácticamente un hecho.

A esta complicadísima situación del máximo intérprete de la Constitución se suma el bloqueo definitivo en la renovación del CGPJ, que lleva 11 meses en funciones. Los grupos se reunieron ayer de nuevo y pidieron al PP que reconsidere su posición de bloqueo, pero tanto populares como socialistas dan ya por hecho que no habrá forma de renovarlo hasta después de las elecciones. Sólo queda intacto, de momento, el tercer pilar de la justicia, el Tribunal Supremo.

La crisis del Constitucional, que tiene su origen en el recurso del PP contra el Estatuto catalán, ha tenido tres pasos en las últimas semanas. El primero fue otro recurso de inconstitucionalidad del PP contra la enmienda Casas -y van una veintena en la legislatura- que forzó las abstenciones de la presidenta, María Emilia Casas, y del vicepresidente, Guillermo Jiménez. Esas abstenciones fueron aceptadas gracias al voto de calidad del presidente Vicente Conde, que dirimió el empate entre cinco conservadores favorables a estimarlas y cinco progresistas contrarios. Quedó así configurado un tribunal de 10 magistrados, con voto de calidad del presidente conservador.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros reaccionó recusando a los dos jueces conservadores, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, que habían expresado su más "profunda discrepancia" con la prórroga del mandato de la presidenta y habían exigido la dimisión de ésta. De haber seguido la recusación sus propios pasos, al pleno que estudiase las recusaciones no habrían podido concurrir ni García-Calvo ni Rodríguez-Zapata, por lo que los 10 iniciales habrían quedado reducidos a ocho, cinco progresistas y tres conservadores, lo que habría dado a los progresistas de nuevo el control de la situación.

La recusación de tres magistrados por parte del PP tiene como objetivo provocar un bloqueo del tribunal que impida que puedan abordarse las de los magistrados conservadores García-Calvo y Rodríguez-Zapata. Se trata de una nueva maniobra de ingeniería procesal orientada a mantener el actual tribunal de 10 magistrados, con voto de calidad del presidente accidental, el conservador Vicente Conde, que será el que juzgue la prórroga del mandato de la presidenta para poder sustituir a ésta por un conservador de mayor edad que ella.

Eduardo Zaplana, portavoz del PP, que el martes había puesto en duda que hubiera recusación -"intentaremos apartarnos de ese intento de deslegitimar y poner en entredicho instituciones y organismos fundamentales en el Estado"-, explicó ayer que para esta iniciativa, que se presentará hoy, el PP utilizará la misma técnica que el Gobierno: apelar a las opiniones de jueces progresistas a favor de la enmienda Casas. "Los motivos que se le imputan a unos tienen que servir para todos", señaló Zaplana, que en todo momento trasladó la idea de que se limitan a responder al Gobierno con sus mismas armas. La recusación se presentará hoy, aunque ya tiene la firma de los 50 diputados. La decisión, adelantada por Público, se tomó finalmente el miércoles.

Los tres magistrados recusados serán los progresistas Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala, quienes supuestamente se habrían mostrado favorables a la enmienda Casas en una reunión. Sin embargo, mientras la recusación del Gobierno se basaba en un escrito de los dos magistrados conservadores, la del PP se basaría en una supuesta conversación de cuyo contenido dio cuenta El Mundo.