Burkina Faso logra que Al Qaeda ceda
La intermediación de un consejero presidencial del país africano consigue la liberación de Alicia Gámez, uno de los tres cooperantes secuestrados hace 102 días
La diplomacia española y el servicio secreto, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), jugaron a todas las barajas para tratar de obtener la liberación de los tres rehenes secuestrados en el desierto del norte de Malí.
Y ayer, tras 102 días de cautiverio, lograron la puesta en libertad de Alicia Gámez en el norte de Malí, donde un avión de Burkina Faso la recogió para trasladarla a la capital, Uagadugú. Allí la esperaban la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, y un hermano para llevarla de vuelta a Barcelona.
Roque Pascual, Albert Vilalta y la propia Gámez fueron apresados el 29 de noviembre pasado en Mauritania por la rama magrebí de Al Qaeda y trasladados al vecino Malí.
La vicepresidenta asegura que España no ha pagado rescate por Gámez
Cuando el presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, era fustigado por dos de sus vecinos, Argelia y Mauritania, por haber accedido a las exigencias de la organización terrorista, el Gobierno español tenía que buscar otra vía para sacar a los rehenes españoles de las garras de Al Qaeda.
Touré y sus intermediarios estaban temporalmente quemados después de excarcelar a cuatro presuntos terroristas a cambio de que el rehén francés Pierre Camatte fuese liberado el 23 de febrero. El presidente de Malí se había doblegado así a las presiones de Francia.
Entonces, el Gobierno echó mano de Burkina Faso con cuyo presidente, Blaise Compaoré, se había entrevistado José Luis Rodríguez Zapatero en la cumbre africana de Addis Abeba.
Compaoré cuenta entre sus colaboradores a un consejero, Mustafá Ould Liman Chafi, de origen mauritano y buenos conocimientos del norte de Malí que ya desempeñó un papel en la puesta en libertad, en abril, de los rehenes canadienses Robert Fowler y Louis Guay.
En los últimos días de febrero, Chafi volvió a entrar en acción. Los dos mediadores malienses quedaron relegados a un segundo plano. Su primer objetivo fue liberar a la más frágil de los rehenes españoles, Gámez. No en balde en abril Al Qaeda había soltado a las mujeres antes que al varón. Había que intentar que lo volviera a hacer.
Chafi obtuvo el acuerdo del argelino Mokhtar Belmokhtar, el jefe de la célula en cuyo poder estaban los tres miembros de la ONG Barcelona Acció Solidària. Y se puso en camino en un todoterreno a través de pistas que conducen al norte de Malí donde la fue a recoger.
La liberación de Gámez ha sido atípica. A diferencia de otros muchos cautivos que llegaron a la residencia del gobernador de Gao, en el norte de Malí, ella y el consejero presidencial han recorrido cientos de kilómetros rumbo al sur hasta llegar a la frontera con Burkina Faso. Las autoridades malienses siguieron la expedición sin intervenir.
Una vez en Burkina Faso, un helicóptero les recogió y les trasladó a Uagadugú. Allí les esperaban Soraya Rodríguez y el hermano de Alicia Gámez. La secretaria de Estado había volado por la noche de la base aérea de Torrejón a la capital de Burkina Faso.
Gámez fue examinada por un médico y un psicólogo que habían viajado con Soraya Rodríguez y recibió una llamada de la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Ésta la encontró "bien de salud y de ánimo" aunque preocupada por sus dos compañeros aún cautivos.
Acaso para no herir susceptibilidades, Fernández de la Vega no quiso agradecer a Burkina Faso sus gestiones. "No voy a hablar de un país en concreto, porque ha sido el resultado de la cooperación de muchos países", afirmó.
Sí resaltó, la vicepresidenta, que el feliz desenlace del secuestro de Gámez era "fruto del esfuerzo y de las gestiones realizadas por los servicios diplomáticos y de inteligencia españoles (...)". Se comprometió a seguir trabajando "sin pausa" para que Vilalta y Pascual sean liberados pronto.
Fernández de la Vega aseguró, por último, que no se había pagado un rescate a cambio de la libertad de Gámez. En el entorno de los negociadores se señaló en enero que Al Qaeda exigía al Estado español cinco millones de dólares (3,7 millones de euros) a cambio de la vida de los tres rehenes. No mencionó, en cambio, la nueva exigencia que vincula la suerte de los cautivos con la de algunos presos islamistas en Mauritania.
Mientras todos los partidos, empezando por los catalanes, se alegraban del regreso a Barcelona de la cooperante, el PP se desmarcó un poco del regocijo general. Su portavoz de Exteriores, Gustavo de Arístegui, indicó que cuando los dos últimos rehenes hayan vuelto a casa será el momento de discutir de la gestión del secuestro y de la escasa información recibida por su partido.
