El CGPJ no ampara a Garzón ante las críticas de PP y medios afines por el 'caso del ácido bórico'

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no otorgar su amparo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que lo había solicitado ante los ataques "contra la independencia judicial" por parte del Partido Popular y sus medios afines. La decisión ha sido tomada por tres votos contra dos; los vocales conservadores han hecho valer su mayoría. El portavoz del organismo, Enrique López, ha explicado que no se ha dado amparo a Garzón porque ya no tiene competencias sobre el caso.

Anoche, Garzón —titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia— denunció en un escrito al presidente del Poder Judicial que sufre "un brutal y desmedido ataque contra su independencia". El objeto de esa campaña es, según el juez, no sólo que "la investigación sobre la supuesta aptitud del ácido bórico para la fabricación de explosivos avance en el sentido por ellos deseado, sino, además, que también avancen en el sentido de sus deseos y pretensiones políticas las diligencias básicas y elementales sobre las posibles falsedades documentales".

"No estoy solicitando del Consejo el amparo de mi honor frente a los insultos personales, descalificaciones e imputaciones delictivas que me han dirigido desde el pasado 30 de septiembre de 2006 aquéllos frente a quienes solicito el amparo del Consejo. Estas inadmisibles vulneraciones de mi derecho al honor serán hechas valer por mi parte ante los tribunales correspondientes. (...) No es sobre si las actividades, declaraciones, artículos de prensa e intervenciones radiofónicas me han ofendido, sino sobre si tales acusaciones de haber prevaricado y coaccionado a testigos constituyen un ataque contra mi independencia como magistrado en mi actividad jurisdiccional", señala Garzón en su escrito.

Los responsables de esos supuestos ataques son el diario El Mundo, la cadena de radio COPE, el periódico en Internet Libertad Digital, el diputado del Partido Popular Jaime Ignacio del Burgo y el vocal del Poder Judicial—propuesto por el PP— José Luis Requero.

El caso nació con la denuncia de El Mundo de que el ministerio de Interior había alterado un informe policial para ocultar los lazos entre la organización terrorista ETA y los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron casi dos centenares de muertos. El diario remitió la información a la Audiencia Nacional, aunque ahora el caso está en mano de los juzgados de Madrid.

Sin embargo, a Garzón le dio tiempo a interrogar a los peritos que redactaron el informe supuestamente falsificado. En realidad, el documento no fue alterado; los jefes de esos expertos decidieron eliminar del borrador un comentario que enlazaba a ETA y al 11-M bajo la premisa de que en casa de uno de los implicados en la matanza se encontró la misma sustancia que en un piso usado por etarras. La sustancia es ácido bórico, un material doméstico usado como matacucarachas.

Garzón les citó como testigos para saber si realmente el implicado en el 11-M tenía en su casa material explosivo, puesto que él dirige una causa en la que aparece como imputado. Los peritos admitieron que ignoraban si el ácido bórico servía para fabricar explosivos, y reconocieron que este material no había sido utilizado nunca en un atentado terrorista en España. Pero además, durante el interrogatorio Garzón fue informado de que los peritos habían firmado en 2006 una copia del borrador que elaboraron en 2005 para hacerlo pasar por el oficial y auténtico. Por eso les imputó por falsedad.