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El Gobierno reformará el régimen disciplinario de los jueces tras la decisión sobre Tirado

El Poder Judicial salva de la suspensión al magistrado del 'caso Mari Luz' y mantiene la multa de 1.500 euros.- Los vocales jueces impiden un castigo más duro frente al criterio de los fiscales y los abogados

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado hoy que el Gobierno enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para que "no vuelvan a repetirse" lo ocurrido hoy: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado suspender al magistrado de Sevilla Rafael Tirado, que dejó sin ejecutar dos años una condena de cárcel contra el pederasta que supuestamente mató a la niña de Huelva Mari Luz.

Fernández Bermejo ha asegurado, en declaraciones a Efe, que el Gobierno "no está de acuerdo" con la decisión del Poder Judicial de mantener la multa a Tirado, que ha calificado de "enormemente escasa", y ha subrayado que está "plenamente de acuerdo" con los vocales que han disentido de la decisión, al tiempo que ha apoyado la decisión de la Fiscalía de recurrirla. "El Gobierno estudiará la reforma en profundidad del régimen disciplinario de los jueces y llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así puedan volver a repetirse", ha asegurado.

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El Poder Judicial negocia con una fortísima división si suspende a Tirado

Las palabras del ministro de Justicia han tenido respuesta en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ha acusado al ministro de Justicia de querer ocultar su "inoperancia". Antonio García, portavoz de la APM, ha afirmado que al anunciar esta reforma, lo que hace Bermejo es "echar balones fuera".

La decisión del Poder Judicial ha llegado en medio de una fortísima división. El nuevo Poder Judicial ha ratificado la multa de 1.500 euros al juez Tirado. De esta forma se ha evitado la suspensión del juez pese a la propuesta de los miembros progresistas para sancionarle hasta cinco meses por falta muy grave. La portavoz del Consejo, la progresista Gabriela Bravo, ha negado que haya habido corporativismo en este asunto. "El Consejo ha actuado en el principio de sus funciones. Ha adoptado una decisión sujeta a derecho del principio de legalidad", ha dicho.

El Pleno ha mantenido la pequeña multa de 1.500 euros por 14 votos a favor contra siete. Con esta decisión, el Pleno considera que Tirado incurrió tan sólo en una falta grave -y no muy grave- de retraso injustificado por una desatención leve en la ejecución de los asuntos de sus juzgados.

De los siete vocales que votaron en contra, seis lo hicieron por entender que el juez Tirado incurrió en una falta muy grave y que se le debería haber suspendido. Entre ellos, cinco -José Manuel Gómez Benitez, Ramon Camp, Almudena Lastra, Margarita Uría y la propia Bravo- querían que se sancionara a Tirado con la suspensión en sus funciones por un periodo de seis meses y con la pérdida de destino; mientras que uno, el vocal progresista Felix Azón, ponente del expediente disciplinario, abogó por una suspensión de dos meses. Uno de los vocales del grupo conservador, Concepción Espejel, ha formulado un voto particular contra la sanción de 1.500 euros al entender que no cabía aplicar ninguna multa.

Fractura en el grupo progresista

La división se ha manifestado en el seno del Pleno. Tres vocales progresistas se han sumado al grupo conservador: Margarita Robles, Miguel Carmona y Manuel Torres Vela. Fuentes progresistas han mostrado su decepción y han afirmado que la decisión del Pleno supone un "grave descrédito" para el órgano de Gobierno de los jueces. El Pleno ha desestimado el recurso del fiscal que pedía tres años de suspensión para Tirado. Ante esta decisión, la Fiscalía ha anunciado que recurrirá ante la sala tercera de lo contencioso del Tribunal Supremo. Lo mismo podrá hacer Tirado, cuyo recurso solicitando que no se le sancionase ha sido desestimado.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa tras confirmarse la multa de 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa tras confirmarse la multa de 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado.EFE
El Consejo General del Poder Judicial ha confirmado la multa de 1.500 euros impuesta por el anterior Consejo al juez de Sevilla Rafael Tirado por retrasos en ordenar la ejecución de la sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, y descarta inhabilitarle, como pedía la Fiscalía, que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión.Vídeo: AGENCIA ATLAS

El padre de Mari Luz lo ve "una vergüenza nacional"

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, ha calificado de "vergüenza nacional" la confirmación por parte del Poder Judicial de la multa de 1.500 euros impuesta por el anterior consejo al juez de Sevilla Rafael Tirado. Cortés ha apuntado que la decisión es "injusta" y que "no se ciñe a la ley". Asimismo, ha asegurado que esta confirmación es "la tercera gran decepción" de su vida, después de la muerte de su hija y de que la Justicia no actuara de manera adecuada contra Tirado. El padre de Mari Luz ha criticado a los jueces más conservadores del Consejo porque, en su opinión, ellos "han sido los más benevolentes con Tirado". Por último, ha declarado que "la indulgencia a este juez es volver a la Edad Media, donde las personas podían salvarse simplemente por su nombre".

Las principales asociaciones apoyan la decisión

Las principales asociaciones de jueces han mostrado su conformidad con la decisión que ha adoptado el Consejo General del Poder Judicial de evitar la suspensión del juez Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés, que califican de "razonada y correcta". Antonio García, portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), ha declarado que la decisión es "jurídicamente correcta". El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, ha afirmado que es una decisión "razonada y razonable". Por último, Miguel Ángel Gimeno, de la Asociación Jueces para la Democracia (JpD), ha declarado que habría aceptado la decisión del CGPJ "fuera cual fuera", aunque ha insistido en que conviene reflexionar sobre "los errores que se han cometido".

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