Garzón dice que se daban los "requisitos exigidos" para que Aranalde fuera a prisión
El juez Garzón decreta la busca y captura de la presunta etarra Maite Aranalde, huida tras quedar en libertad bajo fianza
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que este martes ha emitido una orden de busca y captura contra la etarra Maite Aranalde al constatar que se encuentra en paradero desconocido, ha asegurado que se cumplían "todos los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional" para que la presunta terrorista hubiera ido a prisión con carácter incondicional y no sujeta a fianza. Garzón, que el lunes dictó un auto de prisión incondicional contra Aranalde, reprocha al juez Eloy Velasco que dejara en libertad a Aranalde bajo fianza de 12.000 euros en lugar de haber velado para que la procesada no se sustrajera "a la acción de la justicia", riesgo que sólo podía haber evitado con la prisión provisional incondicional de la misma.
En esa resolución, Garzón estima el recurso que la Fiscalía interpuso contra la decisión de Velasco de dejar libre a Aranalde al considerar que iba a ser absuelta por el delito de tenencia de armas e integración en ETA por la que Francia la había entregado a España, ya que un miembro de su comando, Iker Olabarrieta, acusado del mismo delito había sido absuelto en una sentencia del 23 de abril de 2007. Sin embargo, según Garzón este hecho no significa que Aranalde fuera "a correr la misma suerte". El juez señala además que los hechos por los que su Juzgado obtuvo la entrega de Aranalde comportan un grado "elevado" de fuga, "teniendo en cuenta que la entrega de la procesada no ha sido voluntaria".
Garzón recuerda a Velasco que "Maite Aranalde, huyó de España; que ha sido detenida y entregada por las Autoridades Francesas; y que pertenece a la organización terrorista ETA y por ende con posibilidad más que probable de que, en cualquier momento, de estar en libertad, pueda volver a la actividad en el seno de la misma, a la que no ha renunciado, ni expresa ni tácitamente."
"Un error burocrático"
Las fuerzas de seguridad, que tratan desde el lunes de encontrar a la etarra Maite Aranalde, sospechan que pudo haber huido el pasado domingo ya que no asistió a una manifestación de protesta en Ibarra (Guipuzcoa), su localidad natal, contra la prohibición de la Audiencia Nacional de rendirle homenaje. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha admitido que ha habido un "error burocrático" que ha provocado esta situación, pero no significa que la coordinación con Francia no funcione. "Los jueces dictaminan y la policía cumple las leyes. Ahora hay una orden de Garzón para detenerla y lo vamos a hacer", ha afirmado Rubalcaba, quien ha precisado que "el Estado de derecho tiene sus reglas".
Rubalcaba se refería a la documentación que había extraviado el Tribunal de Apelación de París relativa al delito de "estragos terroristas", por el que también era reclamada en España, en relación a su participación en la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid y alrededores en 2004, coincidiendo con la operación salida del puente de la Constitución. Puesto que Francia no envió esta documentación, la Audiencia Nacional se vio impedida a adoptar la prisión incondicional para Aranalde que solicitaba la fiscalía. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ya ha enviado de nuevo a Francia la Orden Europea de Detención y Entrega por estos hechos.
Tras pagar la fianza de 12.000 euros, Aranalde sallió de prisión y se desplazó a Ibarra (Guipúzcoa), donde fue recibida por algunos familiares y vecinos de la localidad. Pese a que el acto de homenaje había sido prohibido, decenas de personas se concentraron a su llegada, lo que provocó la actuación de la Ertzaintza que sa saldó con una detención.
Camacho advierte del peligro
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha comparecido ante los micrófonos de la Cadena Ser para evaluar las últimas operaciones policiales que se han producido contra la banda terrorista ETA y los atentados perpetrados por la organización en la recta final del mes de julio. En este sentido, Camacho ha asegurado que las detenciones de diversos miembros de la banda y el hallazgo de varios zulos "han asestado un fuerte golpe contra la estructura de la organización. Nos hemos incautado de un dispositivo importante destinado a cometer nuevos atentados".
Para Camacho, "el verano ha traído cosas positivas y cosas muy amargas, como la última semana de julio. Las detenciones (en referencia al arresto de varios miembros de la organización cerca de una estación de esquí en los Pirineos franceses) no compensan el dolor, pero sirven para continuar con el objetivo de poner fin a ETA. Se trata de una operación importante, pero no impide que la banda siga enloquecida y actúe. La policía francesa y española sigue trabajando en este asunto y la banda tiene cada vez menos capacidad para sorprendernos".
Respecto al atentado perpetrado por ETA en la localidad mallorquina de Calvià el pasado 31 de julio, en el que dos guardias civiles fueron asesinados, Camacho ha señalado que "tan solo un minuto después de que se produjese estábamos trabajando para detener a los autores, pero no conviene publicitar las líneas maestras de la operación. Hay que trabajar día y noche, y en el momento en el que tengamos resultados se los contaremos a los ciudadanos. Hay que determinar las circunstancias en las que se produjo el atentado. Se ha demostrado, a lo largo de cuarenta años, que los responsables acaban en la cárcel".
Los últimos atentados, dirigidos contra miembros e infraestructuras de la Guardia Civil, han reavivado el debate en torno a la seguridad de sus componentes. Camacho ha recalcado que "los objetivos son siempre los mismos", y ha afirmado que "no podemos introducirnos en un debate permanente sobre la seguridad. Entiendo la preocupación, la comprendo y transmito que somos conscientes de que hay que mejorar las condiciones de seguridad de los cuarteles y las comisarías, pero no barajamos que desaparezcan las casas-cuartel u otras dependencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".
Por otra parte, el secretario de Estado de Seguridad ha hecho un análisis de la relación entre las fuerzas de seguridad y el nuevo Gobierno de Patxi López en Euskadi. "En un Estado de derecho no hay cabida para los que apoyan a los terroristas. Hay un acuerdo político, policial e internacional y quien no acepta las reglas está fuera de juego. Así lo determina la sentencia de Estrasburgo. Eso sí, hay que garantizar los derechos y las libertades. No vale todo en la lucha contra el terrorismo, pero el Estado español ha cumplido siempre las reglas". Camacho ha querido remarcar que "el Ministerio de Interior ha tenido siempre una buena relación con la Ertzantza. La hubo en la época en la que gobernaba el PNV y la hay ahora con el PSE".
