Cámaras que paran torturas

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía están colocando en sus dependencias centrales cámaras destinadas a grabar a los detenidos acusados de delitos de terrorismo. Se trata de asegurar un control completo del periodo de incomunicación de estos arrestados, de forma que no haya lugar a la posibilidad de los malos tratos y queden en evidencia las falsas denuncias de torturas que prodigan los activistas de ETA. Aunque únicamente tres jueces de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, Baltasar Garzón y Fernando Andreu, vienen ordenando, a título particular, la aplicación de la medida, el Gobierno ha optado por extender la instalación de los sistemas de grabación para que puedan ser utilizados por todos aquellos juzgados de la Audiencia Nacional que en adelante lo estimen conveniente.

"Buscamos poner fin a las dudas", dice el secretario de Estado de Seguridad

Garzón: "Desde que ordené poner cámaras no ha habido denuncias"

Fernando Andreu: "Se acabará lo de que oían gritos de torturados"

"Echaremos por tierra esa estrategia de los terroristas", asegura el juez

Las recientes denuncias por supuestas torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola han reactivado en el seno de la cúpula judicial el debate sobre la conveniencia de generalizar estos protocolos de prevención, tal y como reclaman organismos como Amnistía Internacional, el Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas o el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa. Cámaras de grabación digital similares a las que ya funcionan en la Comisaría General de Información, en Madrid, están siendo instaladas en la Dirección General de la Guardia Civil, también en Madrid, así como en las jefaturas superiores del resto de España. A falta de un acuerdo general, la policía sólo está obligada a activar los sistemas de grabación en los casos en que lo ordenen los magistrados, pero ya hay centros de detención en los que esta medida ha empezado a ser aplicada de forma sistemática.

"Tenemos un sistema judicial que funciona porque protege los derechos de los detenidos y garantiza la investigación y sanción de los malos tratos en el caso de que se produzcan", subraya el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Camacho. El Gobierno ve en las grabaciones una garantía complementaria de alcanzar la máxima transparencia posible. "Buscamos iluminar cualquier espacio de opacidad, poner término a las dudas que pueda albergar parte de la opinión pública, particularmente en Euskadi, y acabar con las denuncias y las falsas imputaciones a los cuerpos de seguridad", sostiene Antonio Camacho.

La experiencia del juez Baltasar Garzón, pionero en esta iniciativa, parece avalar la eficacia de la medida. "Desde que ordené las grabaciones, hace poco más de un año, no ha habido una sola denuncia de malos tratos o torturas. Ninguno de los 66 sospechosos de terrorismo que he ordenado detener en este periodo ha presentado denuncia", afirma el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Lo mismo ha ocurrido en los juzgados que dirigen Santiago Pedraz (número 1) y Fernando Andreu (número 4), dos jueces que conocen la situación en Euskadi porque ejercieron en Guipúzcoa antes de acceder a la Audiencia Nacional.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Interior, la instalación de los sistemas automáticos de grabación audiovisual ha resultado compleja por la necesidad de proteger el derecho a la intimidad de los detenidos. "Las cámaras deben ser ubicadas de forma que registren los movimientos en celdas y pasillos, pero sin invadir espacios como el del retrete", puntualiza Garzón.

"Se trata de controlar los accesos, los espacios y los tiempos de las dependencias policiales de los incomunicados. Que cuando un detenido declare que le han interrogado no sé cuántas veces, se pueda constatar exactamente en cuántas ha sido y en cuáles momentos, que nadie no uniformado ha penetrado en su celda, que no ha habido nada irregular", señala el magistrado.

Con todo, las tomas de declaración y los interrogatorios quedarán fuera de las cámaras: tanto en unas como en otros se maneja información sensible antiterrorista, está siempre presente el abogado de oficio, que asiste al detenido en calidad de testigo y puede preguntarle al arrestado por el trato recibido.

La iniciativa de estos magistrados, que incluye la posibilidad de que los incomunicados por terrorismo sean examinados por un médico de su confianza -acto en el que debe estar presente el forense del juzgado-, no ha sido exactamente pacífica. A las reticencias mostradas por algunos responsables de los cuerpos policiales se sumó en el verano pasado la Asociación Estatal de Médicos Forenses, que llegó a denunciar a Garzón con el argumento de que los protocolos cuestionan la independencia, profesionalidad y honestidad de sus asociados.

"Es un primer paso en el camino de la transparencia y es normal que surjan problemas de adaptación y se levanten suspicacias entre quienes interpretan que estas medidas les presentan como sospechosos de consentir las torturas, cuando en realidad se trata de lo contrario: de protegerles frente a la sospecha, de acotar el espacio de duda", apunta el magistrado Santiago Pedraz. En un plano más jurídico, el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, subraya la idea de que el juez es responsable del detenido. "El juez decreta la incomunicación para asegurar las pesquisas, pero no puede hacer dejación de su responsabilidad de tutelar al detenido", indica.

"Para evitar maniobras dirigidas a romper la incomunicación", añade Garzón, "el médico de confianza del detenido debe utilizar el castellano, y el forense debe dar cuenta al juzgado si observa que su colega incurre en actuaciones de asesoramiento". Según el titular del juzgado número 5, casi todos los supuestos activistas de ETA que pasaron por su juzgado reclamaron la presencia de un médico de su confianza, pero no así los integrantes de Batasuna.

La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado sólo ve ventajas a esta medida. "Los terroristas de ETA y los yihadistas han adoptado la estrategia de denunciar torturas por los beneficios procesales que les aportan. Declaran extensamente en comisaría y luego se niegan a declarar ante el juez. Dicen que lo reconocido antes fue obtenido bajo tortura. Así tratan de contaminar el proceso, de minar las pruebas", explica. Delgado sostiene que las grabaciones y todo lo que contribuya a la transparencia son altamente eficaces para contrarrestar esa estrategia procesal.

Andreu no ha olvidado las penosas citaciones judiciales de los policías denunciados por torturas en el País Vasco. "Comparecían a la vista con gafas, con barba y hasta con casco para evitar que la gente pudiera reconocerles en la calle. Con las grabaciones, les ahorraremos estas citaciones, porque tendremos pruebas de lo que ha ocurrido realmente durante el periodo de incomunicación. Se acabarán esas historias que cuentan los detenidos de que oían gritos de los que estaban siendo torturados en las celdas contiguas".

Los tres magistrados y la fiscal comparten la inquietud por los efectos deslegitimadores para el Estado que las denuncias de torturas provocan en buena parte de la sociedad, especialmente, en Euskadi. "Lo cierto es que los organismos internacionales de derechos humanos no nos dan la etiqueta de calidad democrática", apunta Andreu. "Las terminales de ETA trabajan tratando de poner a España bajo sospecha. Se presentan como militantes políticos torturados", dice Delgado. "Pero así echaremos por tierra su estrategia", agrega.Nadie espera que los detenidos de ETA renuncien a ella -siempre podrán denunciar malos tratos sufridos en el momento de la detención o en los traslados-. Pero las grabaciones, los exámenes forenses cada ocho horas y, llegado el caso, la eventual presencia del juez en las dependencias policiales, deben reducir al mínimo tanto la posibilidad de los malos tratos como las denuncias. Las cámaras están preparadas. Falta que el conjunto de los jueces se ponga de acuerdo en la manera de abordar el problema.