Camps aboga por consensuar el contrato para inmigrantes

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, ha dejado claro hoy en la sesión de control de Les Corts Valencianes que su gobierno va a consensuar con el Gobierno central, además de partidos, entidades y municipios, el polémico contrato para inmigrantes que desea incluir en la futura Ley de Integración del Inmigrante.

En el pleno Camps ha defendido la idea promovida por Rafael Blasco, su consejero de Inmigración y Ciudadanía, al señalar que el contrato permitirá que los inmigrantes que residentes en la Comunidad ?un 16% de la población total- se integren mejor en la sociedad. A su juicio, la región ha cambiado en los últimos años "de forma excepcional" gracias a las "miles de personas" que han llegado para contribuir a su desarrollo. Camps espetó a la oposición que "el PP ha generado prosperidad y empleo", mientras que con los socialistas "no venía nadie; al contrario, se iban".

Según el portavoz parlamentario del PSPV, Angel Luna, la propuesta de contrato es una solución "virtual y mediática" y solamente servirá para aumentar "la burocracia y las molestias" entre los inmigrantes. Para su homóloga del Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, ese contrato "discrimina y estigmatiza", generará "más racismo" contra ese colectivo y refleja la "miseria política" del Consell a la hora de afrontar su integración.

El conseller Rafael Blasco ha criticado que el Ejecutivo central destine 31,16 euros anuales por inmigrante en la Comunitat cuando la Generalitat se gasta 1.816, mientras la diputada socialista Carmen Ninet ha denunciado que ninguno de los doce centros de acogida previstos por el Consell en el PAVACE se ha ejecutado.

Ante las preguntas y críticas de los grupos parlamentarios del grupo socialista y de Compromís sobre la "angustia" creada en la comunidad inmigrante por la propuesta del documento, el titular del Ejecutivo regional ha respondido que "lo que sí es angustioso" es ver cómo el Gobierno "torea constantemente a esta tierra" con la política hidrológica.