Camps, obligado a informar de los contratos con Gürtel

El Gobierno que preside Francisco Camps (PP) está obligado a entregar a la oposición la documentación sobre los contratos de las diferentes consejerías con empresas de la trama Gürtel entre los años 2003 y 2008. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en respuesta a un recurso contencioso-administrativo de la Coalició Compromís. Según la sentencia, la comunicación del vicepresidente segundo del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, del 15 de septiembre de 2009, en la que rechazaba aportar la documentación requerida sobre contratos de la Generalitat con la trama Gürtel porque estaba afectada por el secreto del sumario, es "contraria a la Constitución, viniendo obligado a facilitar la información en los términos solicitados".

El consejero de Economía rechazó 1.508 peticiones de documentación

La diputada de Compromís Mònica Oltra, que fue también la letrada que presentó el recurso, explicó ayer que su formación pretendía conocer los contratos menores de la Generalitat con una decena de empresas de la red de Francisco Correa, entre ellas Orange Market, la sociedad que gestionaba Álvaro Pérez, pero también otras como Down Town Consulting, Easy Concept, Boomerang Drive, Special Events o Pasadena Viajes.

"Con esta sentencia, el Consell tiene que contestar", explicó Oltra, quien añadió que la legislatura todavía está viva hasta el jueves, día de la constitución de las nuevas Cortes. Si el Consell no lo hace, Compromís, como anunció su portavoz, Enric Morera, volverá a presentar la solicitud de documentación, que ahora cuenta con el aval del TSJCV. "El PP no va a poder salirse por peteneras", comentó Oltra, quien recordó las cinco sentencias del Tribunal Constitucional que ha acumulado en esta legislatura la Mesa de las Cortes valencianas, controlada por el PP, por vulnerar los derechos de los diputados al impedir la tramitación de iniciativas en buena medida relativas al caso Gürtel.

Según explicó Oltra, cuando empezaron a producirse las sentencias por vulnerar derechos de los diputados, lo que hizo el PP fue admitir a trámite las iniciativas pero contestar cosas distintas a las que la oposición solicitaba o rechazar las peticiones de documentación. En el caso de las 1.508 solicitudes de documentación recurridas por Compromís, se escudó en que la investigación de Gürtel estaba bajo secreto de sumario. El TSJCV, sin embargo, considera que incurrió en una ilegalidad. "Siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa carente de legitimidad, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada", señala el TSJCV.