Camps reitera en su recurso que pagó sus trajes y que no guarda recibo

No se aparta una línea de lo dicho hasta ahora, a pesar de los indicios argumentados por el juez. Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, imputado por un supuesto delito de cohecho en la parte valenciana de la trama del caso Gürtel, insiste en que pagó sus trajes en efectivo. Y en que no guarda recibo. Así consta en el recurso presentado al auto del pasado día 6 en el que el instructor José Flors rechazó el archivo de las diligencias y presentó un amplio catálogo de indicios racionales para seguir investigando al amparo de la Ley del Jurado.

Esos indicios, entre ellos nueve encargos de Francisco Camps al sastre José Tomás, principal testigo de cargo, tíquets, facturas, hojas de pedido y demás pruebas, son rechazados por el presidente de la Generalitat. Niega la mayor: no hubo regalos y él se pagó los trajes (a lo largo de las 36 páginas del recurso no se especifica cómo, cuánto y dónde), aunque no conserva resguardo alguno de ello. Pero va más allá en su alegato de defensa. Llega a poner en duda no sólo las declaraciones del sastre por supuestas contradicciones o imprecisiones que el juez no habría tenido en cuenta, sino también la prueba pericial de la policía sobre las distintas declaraciones de José Tomás (ante el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y ante el instructor de Valencia) en el mismo sentido.

Sobre ese documento afirma que "realiza sus propias conclusiones, que el Sr. Instructor, sin crítica alguna, cual si de una actuación judicial probatoria se tratara, hace propias". Camps completa el relato sobre sus pagos en efectivo con un elemento adicional como coartada: "En una ocasión completó la cantidad en metálico un escolta en presencia del chófer", en relación con una adquisición en la tienda de Forever Young de Madrid.

El abogado de Camps asegura que el presidente nunca autorizó a terceras personas a que pagaran ninguna prenda que él encargara. Se refiere con ello a los abonos realizados por Pablo Crespo, socio de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la empresa Orange Marketque recibió más de siete millones en contratos públicos de la Generalitat, la principal firma de la trama de Francisco Correa en Valencia. "Mi mandante nunca autorizó a persona alguna para que en sustitución suya pagara con dinero de aquél prenda que él adquiriera. Ni lo autorizó, ni lo consintió, ni consta en la causa documento alguno que pruebe siquiera que lo conociera", asegura el letrado de Camps.

El abogado califica de "falta de lógica que el presidente de la comunidad autónoma entre en la dinámica de dejarse regalar determinadas prendas a los efectos que indica el auto, es decir, en consideración a su función". El argumento se sostiene en la presunta incapacidad del presidente de la Generalitat de influir en ninguno de los procesos de adjudicación o contratación a que optaran las empresas de la presunta trama. Son siete las consejerías que contaron con los servicios de Orange Market por un valor que supera los siete millones (Presidencia, Turismo, Educación, Infraestructuras, Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar Social, además de Feria de Valencia).

En cambio, si los regalos, dice el recurso que a efectos meramente teóricos, hubieran sido entregados a Francisco Camps que es presidente del Partido Popular valenciano no habría habido delito. Y lo relata así: "No se encuentra ningún elemento fáctico que permita concluir que los supuestos regalos tengan que ver con la condición de autoridad de mi mandante y no con la que ostenta en el mencionado partido, más bien esto último sería más lógico y sería a lo que apuntarían las continuas referencias al mismo en las actuaciones".

Porque no hubo regalos; porque no hay, según el letrado de Camps, ningún testimonio que desmonte la versión del pago en efectivo; porque si hubiera habido regalos no serían por la persona que preside la Generalitat, sino por la que preside el partido, la defensa pide el sobreseimiento. Además, estima que ha habido diligencias que podrían llevar a la nulidad y que las escuchas no están avaladas (aunque las autorizó Garzón) como cree que la ley exige.