Camps será juzgado tres semanas después de las elecciones generales
Los socialistas creen que ha logrado dilatar el proceso para beneficiar a Rajoy
El juicio contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por cohecho continuado empezará el 12 de diciembre, tres semanas después de las elecciones generales y casi tres años después del estallido del caso Gürtel. En el banquillo de los acusados le acompañará Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y exportavoz del partido en el Parlamento autónomo, imputado al igual que Camps por aceptar supuestamente trajes y otras prendas de vestir regalados por la red mafiosa. Según la Fiscalía Anticorrupción, el valor de las dádivas aceptadas por el expresidente ascendió a 14.021 euros, y el de Costa a 7.325.
Los otros dos acusados en la llamada causa de los trajes, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, confesaron su culpabilidad en julio y ya han sido condenados. El abogado de Camps también presentó en el tribunal un escrito en el que admitía los hechos, pero en el último momento el expresidente se echó atrás y en vez de ratificarlo prefirió dimitir.
La vista será el 12 de diciembre, y la elección del jurado el 25 de octubre
El magistrado Juan Climent, presidente del tribunal del jurado de la causa, dictó ayer el auto de hechos justiciables. Una resolución importante porque contiene la reconstrucción de lo que supuestamente ocurrió, limitando el ámbito de lo que el jurado debe considerar o no probado. Aunque Climent tenía la posibilidad de incluir algunos de los hechos alegados por las defensas, el relato final que recoge el auto se parece mucho al que han descrito las acusaciones.
Orange Market, empresa gestionada por Álvaro Pérez, El Bigotes, organizaba actos del PP valenciano y a partir de 2005 empezó a trabajar a la vez para la Generalitat. Entre 2005 y 2009 se embolsó 6,9 millones de euros solo por el montaje del pabellón valenciano en Fitur y otras ferias menores. La empresa de El Bigotes estaba vinculada a la red de sociedades gestionada por Pablo Crespo y dirigida por Francisco Correa desde su oficina ubicada en el número 40 de la calle Serrano de Madrid.
Pérez y Crespo frecuentaban, en esa ciudad, la tienda Milano en la que el sastre José Tomás trabajaba como director comercial. Acordaron con él un sistema por el que las compras que realizaran ellos o quienes fueran de su parte no se cobrarían en caja sino que se anotarían en una cuenta que Crespo saldaba periódicamente. Cuando el sastre se trasladó a Forever Young, el sistema continuó allí. Entre los beneficiados estuvieron Camps (con 25 prendas de vestir) y Costa (con 10). El objetivo, siempre según el auto, "era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". Y ambos acusados aceptaron los regalos "a sabiendas de quién asumiría el importe".
Crespo pagó con dinero de las empresas de la red mediante cheques y transferencias bancarias. José Tomás emitía a cambio "facturas por conceptos diferentes de los realmente adquiridos, pero por igual importe que el efectivamente satisfecho", como forma de encubrir los regalos.
El juez aceptó casi todas las pruebas solicitadas siguiendo el principio de que para garantizar los derechos de las partes deben admitirse todas aquellas "cuya impertinencia o inutilidad no conste o resulte manifiesta". El sorteo de los nueve jurados que integrarán el tribunal se celebrará en audiencia pública el 26 de octubre. Para ser declarados culpables serán necesarios los votos de siete de los nueve jurados.
La causa de los trajes llegará a su fin tras una trayectoria lastrada por las decenas de recursos interpuestos por los acusados. "Al final, las maniobras les han llevado a no sentarse en el banquillo antes de las elecciones para no perjudicar a Rajoy", declaró el diputado socialista Ángel Luna. Como para contradecirlo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó: "Me alegro de que se haya señalado la fecha del juicio. Si se pudiera celebrar antes, mejor. Estoy convencido de que serán declarados inocentes". Esquerra Unida consideró "absolutamente kafkiano" que Camps y Costa lleguen al juicio siendo diputados valencianos.
Un jurado de la provincia de Valencia
Francisco Camps y Ricardo Costa serán juzgados por nueve ciudadanos de la provincia de Valencia elegidos de una bolsa de cerca de 4.000 que se extrae bianualmente (los años pares) del censo electoral. La ley aprobada en 1995 establece que el tribunal del jurado tiene competencia para conocer una serie de delitos que van del homicidio al incendio forestal. Tienen especial peso los cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos porque el legislador consideró que los ciudadanos serían especialmente sensibles a ellos.
La formación del jurado para el juicio del expresidente valenciano acusado de cohecho empezará el 25 de octubre con un sorteo público en el que se obtendrán 36 nombres del fondo de 4.000 potenciales jurados. Los candidatos serán citados para el día de la vista con la obligación de remitir previamente las posibles faltas de requisitos y excusas por las que consideren que no pueden integrar el tribunal. Están excluidos, por ejemplo, los condenados por delitos dolosos, los policías y los funcionarios de justicia.
Las defensas podrán recusar a cuatro candidatos y las acusaciones a otros cuatro tras interrogarles y sin necesidad de alegar motivos concretos.
El jurado se elige dentro de la misma provincia, según la exposición de motivos de la ley, porque se persigue la proximidad: que los vecinos sean quienes juzguen. El sistema se mantiene para el caso de Camps, aunque supuestamente cometió el delito como presidente de la Comunidad Valenciana y es juzgado por un tribunal cuya competencia se extiende a toda la autonomía. Los críticos del jurado consideran que los ciudadanos pueden verse influidos por la relevancia política de un expresidente. Los defensores responden que lo mismo podría decirse de muchos jueces.
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