Cáritas denuncia el aumento de controles policiales a inmigrantes en sus centros e inmediaciones
La organización asegura que los extranjeros tienen cada vez más trabas para empadronarse y que la crisis ha multiplicado los pisos-patera
Cáritas Española ha denunciado esta mañana el aumento de los controles policiales a inmigrantes en sus centros e inmediaciones, así como en "locutorios, parques e intercambiadores de transporte público". La organización advierte que "los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado llegan con distinta periodicidad para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos en los centros". Un tercio de las cáritas diocesanas señala que la policía realiza estas visitas una o dos veces al año; cinco aseguraron que una vez por trimestre y otras tres (Las Palmas, Segorbe-Castellón y Modoñedo-Ferrol) una vez al mes. La frecuencia de estos controles, añaden, ha generado "miedo" entre los extranjeros a la hora de acudir a comedores sociales y centros de ayuda. En tres centros (Las Palmas de Gran Canaria, Segorbe-Castellón y Mondoñedo-Ferrol) la policía llega para pedir papeles una vez al mes, según la organización.
Para Cáritas estas prácticas son "un reflejo de una política migratoria preocupada por lanzar un mensaje a la sociedad española de control de la migración irregular y de eficacia en la expulsión visibilizando al migrante en situación irregular como un presunto delincuente, con el riesgo de generar sentimientos racistas". Así lo denuncia la organización en el informe La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas (unos 400.000) en 2010, presentado esta mañana.
Ayer, en el Congreso de los Diputados, el Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el cuerpo, vertió una acusación similar ante la Comisión de Interior. Su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, denunció que cada año se producen en España "millones de identificaciones" a inmigrantes y que la mayoría no cumplen los requisitos estipulados por el Tribunal Supremo para que un agente pueda exigir la documentación a un ciudadano en la vía pública: que resulte sospechoso de haber cometido un delito o que parezca que puede cometerlo.
"¿Cada año nos resultan sospechosos millones de ciudadanos o lo que interesa es un palote, una justificación estadística de actividad policial que se lleva a cabo atentando contra los derechos de los ciudadanos?", se preguntó Sánchez Fornet ante los diputados de la Comisión de Interior. "La libertad ha sucumbido escandalosamente a la seguridad", añadió, mientras aseguraba que los policías no eran los responsables de actuar con este "desprecio a los derechos de los ciudadanos" porque "se limitan a cunplir las órdenes que reciben de sus superiores".
El Ministerio del Interior, por su parte, desmiente tanto que haya redadas masivas de inmigrantes como que la policía realice controles de identificación en comedores sociales o centros de Cáritas.
El estudio también advierte de las dificultades de los extranjeros para empadronarse. "La mayoría de las barreras que se ponen son motivadas por una dudosa interpretación de la legislación vigente desvirtuando lo que el padrón es y para lo que sirve", se lee en el informe.
Cáritas constata que el colectivo de los inmigrantes ha sido el más castigado por la crisis. Más del 60% de los extranjeros que atendieron en 2010 estaban en paro. Los sectores en los que solían emplearse (construcción, restauración...) han sido los más afectados por el parón económico. Esto ha provocado el aumento de la irregularidad sobrevenida, esto es, inmigrantes regularizados que pierden sus papeles al quedarse sin empleo y no haber cotizado el tiempo necesario para poder renovar su tarjeta de residencia y trabajo. El 37% de los inmigrantes extracomunitarios atendidos por Cáritas está en situación de irregularidad.
Menos morosos que los españoles
La pérdida de trabajo ha propiciado el aumento de pisos-patera y situaciones de hacinamiento en las viviendas en las que viven los inmigrantes, ya sea en régimen de propiedad o arrendamiento, según el informe. No obstante, la tasa de morosidad a la hora de pagar hipotecas es más baja entre los extranjeros que los españoles, aunque por muy poco: un 0,20% frente un 0,21%.
Paradójicamente, el envío de remesas ha vuelto a aumentar (un 3,5%) pese a la subida del paro entre los inmigrantes, lo que Cáritas atribuye a la economía sumergida, especialmente en la construcción, el servicio doméstico y la agricultura.
