Castedo: "Me reuní con Ortiz, como con cualquier empresario, pero nunca tuvo información privilegiada"

"Me reuní con Ortiz, como con cualquier otro empresario, pero nunca tuvo información privilegiada". Esta ha sido la primera declaración de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, tras el auto del juez mediante el cual levanta el secreto del sumario de la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor por parte del Consistorio al promotor Enrique Ortiz durante el trámite del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En esta causa, cuya investigación dirige el juzgado número 5 de Alicante, el fiscal anticorrupción acusa a 21 personas, entre ellas a Castedo, su predecesor en el cargo y el actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada.

La regidora alicantina ha insistido esta mañana en que el promotor Ortiz "no se ha beneficiado del nuevo PGOU, por lo tanto no acabo de entender de qué supuesto delito se me puede acusar". Castedo ha admitido que mantuvo reuniones con Ortiz. "No voy a demonizar ahora a Ortiz. Me reuní con él, pero siempre en presencia de técnicos municipales de urbanismo, y nunca se le entregó ningún plano", ha explicado.

La alcaldesa también ha reconocido que autorizó al redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, a mantener reuniones con el promotor para hablar de la remodelación del estadio Rico Pérez, propiedad de una empresa de Ortiz "pero siempre con el objetivo de integrar el PRI (plan de reforma interior) que había planteado en la zona en el nuevo PGOU", ha aclarado.

Por su parte, El grupo de Compromís ha anunciado que pedirá una comisión de investigación en las Cortes para tratar todas estas supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU, y del "caso Brugal" en general. Mireia Mollà, diputada electa por la coalición, ha reclamado que "Díaz Alperi y Castedo insten a su partido a que la acepten, ya que defienden su inocencia y aseguran que no tienen nada que esconder".

Mollà también ha adelantado que el mismo día que se cree la comisión del estatuto del diputado, el próximo día 9, presentarán una solicitud para que este órgano preconstituyente del parlamento valenciano no se dedique solo a "analizar las incompatibilidades y la viabilidad" de las actas para la ocupación del escaño y "se plantee si aquellos que están implicados en causas de corrupción responden a los requisitos que deben exigirse". "¿Son aptos el señor Camps y la señora Castedo para ser diputados?", se ha cuestionado Mollà retóricamente antes de señalar que la comisión del estatuto debería plantearse si deben estar en las Cortes gozando de inmunidad "para que sean tratados por la justicia a una velocidad diferente que el resto de ciudadanos".

La investigación sobre el supuesto trato de favor a Ortiz en el PGOU de Alicante se incluye en las pesquisas globales del caso Brugal (supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) que comenzaron en 2007. Las escuchas telefónicas interceptaron varias llamadas entre Ortiz, Castedo, y Alperi, en las que supuestamente hablaban de amañar hasta ocho actuaciones urbanísticas del nuevo PGOU en beneficio del interés personal del promotor y a cambio de supuestas dádivas de éste a los dos cargos públicos del PP. Las actuaciones urbanísticas de mayor calado se refieren a la remodelación del Rico Pérez a cambio de la recalificación del suelo del entorno e información privilegiada de las nuevas áreas que iban a ser protegidas para después permutar los aprovechamientos urbanísticos en zonas urbanizables del término de la ciudad.

El titular del juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, recibió las diligencias el pasado mes de julio tras la inhibición del juez que dirige la investigación general, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela. Tejada ha mantenido secretas las diligencias hasta esta mañana. Aunque la reserva no ha sido total, ya que se han producido dos filtraciones, mediante las cuales ha aflorado el grueso del contenido de la investigación. El sumario que el juez ha trasladado a las partes ocupa unos 6.000 folios.