Castellón revisará los contratos con las empresas relacionadas con la financiación ilegal

El pleno del Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer la creación de una comisión de investigación para analizar los contratos y las facturas pagadas, al margen de los contratos, a las tres empresas castellonenses, Lubasa, Facsa y Piaf, que aparecen en la documentación de la trama Gürtel como supuestas financiadoras del PP. Durante el pleno, el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, desplegó la misma estrategia que el también presidente de la Diputación, Carlos Fabra, planteó hace unas semanas al insinuar ser conocedor de información sobre financiación irregular del PSPV.

Ayer, Moliner exhibió un sobre en el que, según dijo, figuraban los nombres y las empresas que "al parecer, participaron activamente en la campaña electoral" del portavoz socialista, Juan María Calles. Éste aseguró, al finalizar el pleno, que el sobre estaba vacío y mantuvo que, en cualquier caso, si el PP tiene algún dato, que acuda a la fiscalía.

Calles argumentó la solicitud de la comisión de investigación con "el ánimo de eliminar sombras de sospecha sobre el Ayuntamiento, el buen nombre de la ciudad y la honorabilidad de estas empresas". Por el contrario, Moliner consideró que el objetivo de la moción es "sembrar dudas" y pidió a los socialistas que asuman la responsabilidad "del daño que se hace al Ayuntamiento, al equipo de Gobierno y a las empresas si de la comisión se desprende que no hay irregularidades".