Cataluña y Madrid lideran el rechazo autonómico a la oferta de Solbes

Los representantes de las comunidades autónomas y el Gobierno se dieron cita ayer en Madrid para debatir "cómo se reparte la tarta" en la reforma de la financiación autonómica. Pero esa tarta está prácticamente por hacer: el Gobierno sometió su propuesta de reforma al veredicto de las comunidades y se topó con un rechazo casi general.

Y en algunos casos frontal: Cataluña y Madrid expresaron una negativa cerrada, sin fisuras, ante la oferta del vicepresidente, Pedro Solbes, aunque la mayoría de las comunidades fueron más tibias en su valoración.

Las negociaciones empiezan a parecerse peligrosamente a una partida de póquer, cargada de faroles. "Las bases de la propuesta han sido razonablemente bien acogidas", aseguró Solbes tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Sin embargo, en público el aluvión de críticas fue general: la propuesta es "inconcreta", "vaga", "tan general que puede ser buena o mala", "ambigua e insuficiente", según declararon varios responsables autonómicos, socialistas y populares.

El Gobierno movió ficha la semana pasada al definir las bases de su propuesta. Y aunque las comunidades ya venían avisando de que no les gustaba, ayer fue la primera vez que se debatió en un foro oficial. Solbes se ha comprometido a aumentar los recursos, plantea incrementar también la cesión de impuestos a las comunidades, prima la población como variable de reparto y garantiza que habrá el mismo nivel de prestación de servicios en salud, educación y asuntos sociales.

Solbes defiende que sus propuestas son coherentes con el Estatuto catalán, pero no lo cree así la Generalitat. El desencuentro con Cataluña es notable. El consejero Antoni Castells abrió fuego con una carga de profundidad contra la propuesta del Gobierno y aseguró que no ve "cómo puede desarrollarse el texto estatutario a partir de este modelo". "No nos satisface; es demasiado genérica y no va en absoluto en la buena dirección", explicó. El Ejecutivo autónomo se reunirá el próximo lunes con el Gobierno para debatir la oferta. Estos contactos bilaterales se repetirán con otras comunidades y a ellos fía Solbes el avance en la negociación. Pero el vicepresidente reconoció que con Cataluña, sobre todo en el mecanismo que garantiza la nivelación de servicios "no va a ser fácil el acuerdo".

Solbes reiteró que el Estado pondrá más dinero en el sistema, pero no ha concretado cuánto. Y ahí radicó la principal crítica de los responsables del PP. Madrid encabezó estos reproches al asegurar que el Estado debe aportar "al menos 6.000 millones" para garantizar la prestación de los servicios básicos. El consejero madrileño, Antonio Beteta, tildó de "tomadura de pelo" la oferta de Solbes, al considerar que la debilidad presupuestaria por la crisis impedirá cumplir el compromiso. Y en términos parecidos se expresó Gerardo Camps, vicepresidente de la Comunidad Valenciana.

El número dos de Solbes, Carlos Ocaña, tampoco ofreció más detalles sobre de dónde saldrán los recursos adicionales y se limitó a parafrasear a un ex presidente catalán con un irónico "hoy no toca". O lo que es lo mismo, esto va para largo.