CLAUDI PÉREZ - Madrid - 23/03/2008
El Gobierno catalán quiere sacar partido del resultado de las últimas elecciones para abrir de nuevo -y de inmediato- el melón de la financiación autonómica. La Generalitat esperará tan sólo a la formación del Gobierno central para exigir una reunión "de urgencia" con el objetivo de reformar el actual sistema -pactado por PP y CiU en 2001-, explicó el consejero catalán de Economía, Antoni Castells. El tiempo apremia: el Estatuto concreta que el próximo 9 de agosto deben estar listos tanto el consorcio entre Cataluña y la Agencia Tributaria como el nuevo mecanismo de solidaridad.
"En el plazo máximo de unas semanas" debe convocarse la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales, dijo Castells. Eso supone una negociación bilateral Cataluña-Estado, aunque el acuerdo se generalice a las comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra).
Castells tiene muy marcadas las líneas rojas de la nueva financiación desde el lado catalán: "Cataluña no va a aceptar ningún acuerdo que incumpla el Estatuto". Sin embargo, destaca que no debería haber "distancias insalvables" siempre que haya "voluntad política, como ocurrió con la inversión en infraestructuras o la financiación adicional de la sanidad".
En la recta final de la legislatura, el Ministerio de Economía esbozó la hoja de ruta de lo que debe ser el nuevo sistema: más capacidad normativa para las comunidades y una mayor participación en los impuestos cedidos (IRPF, IVA y especiales). Es decir, mayor corresponsabilidad fiscal. Pero la piedra de toque de la nueva financiación debe ser la aportación de las comunidades ricas a la solidaridad. Castells espera que el Gobierno "sea consciente" de la urgencia de un nuevo mecanismo de solidaridad interterritorial.
Esa urgencia procede tanto de los cambios en la población -con los cambios introducidos por los inmigrantes- como de la desaceleración económica y el pinchazo inmobiliario, que se ha cebado en los impuestos autonómicos.
El equipo de Pedro Solbes sólo ha dejado entrever que dotará de más transparencia el mecanismo de solidaridad, dará más peso a la población y otorgará un papel más relevante al fondo de compensación interterritorial. Castells avanza que Cataluña presentará su propia propuesta, en un documento que quiere consensuar con los partidos catalanes.
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