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Cataluña plantea al Constitucional que el recurso del PP afecta a tres autonomías más

El Gobierno tripartito presenta un escrito que apoya la tesis de la Abogacía del Estado

Enric Company

La Generalitat ha solicitado al Tribunal Constitucional que "dé por desaparecida" la causa que llevó al PP a recurrir 75 artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque los mismos diputados de este partido votaron posteriormente "preceptos idénticos o de contenido equivalente" en la reforma de los estatutos de Andalucía, Aragón y Baleares. Este "cambio de criterio" supone la asunción de la constitucionalidad de estos preceptos. Si esta demanda no fuera atendida, el Gobierno catalán pide al Constitucional que aquellas tres últimas comunidades puedan presentar las correspondientes alegaciones en defensa de la constitucionalidad de sus respectivos estatutos.

El escrito de alegaciones presentado por el Gobierno de la Generalitat al Tribunal Constitucional sostiene que el interés de los gobiernos y parlamentos de Andalucía, Aragón y Baleares en esta causa es "evidente", puesto que, eventualmente, la sentencia que en su día se dicte podría anular algunos preceptos de sus estatutos sin haber tenido ocasión de defenderlos ante el alto tribunal.

Los abogados de la Generalitat argumentan que, desde la perspectiva del análisis de constitucionalidad, "es indistinto" que el mismo precepto se encuentre en el estatuto de autonomía de una u otra comunidad autónoma.

Este criterio fue tenido en cuenta ya por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, al dar a conocer los motivos por los que renunciaba a recurrir los artículos del Estatuto andaluz. El Defensor del Pueblo argumentó en junio de 2007, en una nota de prensa que las alegaciones de la Generalitat reproducen, que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán "sin duda se proyectará a las demás normas básicas, si se produjera identidad o similitud textual entre ellas".

El "cambio de criterio"

Ello debe ser así, argumenta también, porque la posición del Tribunal Constitucional "ha de ser aplicada y tenida en cuenta por todos los poderes públicos", porque los estatutos forman parte del "bloque de constitucionalidad". Y porque, además, el objetivo buscado por el Defensor del Pueblo al recurrir el Estatuto catalán es que se fije "una doctrina precisa del Tribunal Constitucional sobre los principios y los límites del proceso de reforma estatutaria".

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El recurso presentado hace justamente un año por el Partido Popular reclamaba la declaración de inconstitucionalidad del preámbulo, 114 de los 223 artículos y 12 disposiciones adicionales y transitorias del Estatuto catalán.

Sin embargo, los abogados de la Generalitat, como semanas atrás hizo también el abogado del Estado en nombre del Gobierno de España, alegan ante el Tribunal Constitucional que los mismos diputados del Partido Popular "han cambiado de criterio" acerca de la constitucionalidad de nada menos que 66 artículos (cinco de ellos en varios puntos), tres disposiciones adicionales y dos finales del Estatuto catalán recurridos por ellos. El cambio de posición se produjo, alegan, cuando votaron "la aprobación de estatutos de autonomía con preceptos idénticos o equivalentes a los que impugnaron del Estatuto de Autonomía de Cataluña".

Al emitir este voto, agregan los alegantes, los diputados del PP exteriorizaron un cambio de criterio mediante el que han venido a reconocer ahora que esos preceptos coincidentes "son plenamente conformes con la Constitución". No debe haber duda de que ha habido cambio de criterio, argumentan también, porque "no cabe presuponer que un diputado ejerce sus funciones de forma consciente y voluntaria contra la Constitución, puesto que si así fuese habría incurrido en la arbitrariedad prohibida expresamente por el artículo 9.3 de la Norma Fundamental".

El "abandono" por los diputados del PP de las posiciones desde las que se impugnaron estos artículos del Estatuto catalán se ha confirmado cuando, a pesar del debate público sobre la identidad de estos preceptos con los de otros tres estatutos, renunciaron a recurrirlos en el Constitucional. El escrito de alegaciones contiene la lista de los artículos coincidentes en cada uno de los estatutos.

En el supuesto de que el Constitucional atendiera estas alegaciones de la Generalitat y las del abogado del Estado, quedarían vivos todavía los recursos contra 49 artículos del Estatuto, su preámbulo y varias disposiciones adicionales y finales. También quedarían vivos los recursos presentados contra el mismo estatuto por el Defensor del Pueblo y por los gobiernos de varias comunidades.

Josep Lluís Carod (izquierda), José Montilla (centro) y Joan Saura, en una reunión del Gobierno catalán.
Josep Lluís Carod (izquierda), José Montilla (centro) y Joan Saura, en una reunión del Gobierno catalán.M. SÀENZ

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