Cientos de funcionarios piden a Granados que no mienta y cumpla los acuerdos

Cientos de trabajadores de la administración madrileña de Justicia se han concentrado esta mañana frente a la sede de la consejería, el número 18 de la Gran Vía, para exigir que se cumpla el acuerdo firmado con el anterior consejero, y han llamado "mentiroso" al actual responsable, Francisco Granados. Los sindicatos UGT, CC OO y STAJ han convocado, con el apoyo del CSIF, 12 días de huelga entre los 5.831 funcionarios de la administración de justicia madrileña para denunciar el incumplimiento del acuerdo firmado en diciembre de 2007 con el entonces responsable del departamento, Alfredo Prada, sobre sus condiciones laborales.

En el segundo de los 12 días previstos de huelga, a la que están convocados 5.831 funcionarios de Madrid, los sindicatos han llevado a cabo al mediodía una concentración frente a la sede de la consejería de Justicia ubicada en la calle Gran Vía, a la que han acudido entre 1.500 y 2.000 funcionarios según los convocantes y unos 500 según fuentes policiales, que han llegado a cortar esa calle durante media hora, sin que se hayan producido altercados. Los manifestantes han coreado consignas como "Ea, ea, ea, la justicia se cabrea" o "Mentiroso, mentiroso, oe, oe, oe", en referencia al actual consejero de Justicia, Francisco Granados.

Muchos de los concentrados llevaban fotos de Granados y de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en las que ambos aparecen con la nariz alargada y bajo las que se leía Señor Granados: quien no cumple lo firmado a la Justicia ha estafado y Señora Aguirre: el ciudadano siente que le han engañado cuando el político miente y no cumple lo firmado. La delegada de UGT en los juzgados de Plaza de Castilla, Ana García, ha recordado que en diciembre de 2007 se firmó un pacto con el consejero Alfredo Prada "que mejoraba o ponía las primeras piedras para mejorar el servicio público en la administración de justicia".

"Mentir a los ciudadanos es muy grave"

Ha incidido en que "no sólo se trataba de dinero para los funcionarios, si no de solucionar problemas como la falta de personal en los juzgados de lo Penal", y ha asegurado que el cumplimiento de ese acuerdo "no supone un coste añadido" para la consejería de Granados. La representante de UGT ha explicado que, en contra de lo que anunció ayer Granados, "no hay ninguna comunicación por escrito ni por teléfono de ninguna reunión con los sindicatos", y no se prevé una solución al conflicto. El representante de STAJ, Alberto García, ha corroborado este extremo y ha pedido al consejero "que no diga mentiras, porque mentir a los ciudadanos es muy grave" y "se trata de un tema muy serio", y ha destacado que no cumplir acuerdos firmados previamente "genera inseguridad jurídica".

La representante de CC OO en Justicia, Felicidad López, ha asegurado que Granados "no ha convocado nunca, desde que ha tomado posesión, a los representantes de los trabajadores", y ha criticado que "lejos de poner en macha medidas para solucionar los graves problemas que había, sobre todo en registros civiles y en juzgados de lo Penal, lo que hace es impedir el nombramiento de las plazas vacantes".

"La situación es insostenible, y la manipulación de Granados ante los medios de comunicación es absolutamente intolerable", ha añadido, y ha emplazado al consejero a que se siente a negociar en persona "para solucionar un problema cuya solución pasa por reconocer lo firmado por un miembro del Gobierno de Aguirre". Los convocantes han cifrado el seguimiento del segundo día de huelga en el 80,34%, a falta de datos de algunos centros de trabajo importantes como Móstoles o Leganés, mientras que la consejería rebaja el dato al 38,66%. Los portavoces sindicales han emplazado al Ejecutivo de Aguirre a convocar la mesa de negociación. Si la Comunidad de Madrid no se sienta a dialogar, la huelga se mantendrá con carácter indefinido. Un 85% de los juzgados cuenta durante estos días con servicios

mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios.