Comienza el juicio a puerta cerrada a un ex espía por traición

A finales de los ochenta, un brigada destinado en el Regimiento de Ingenieros de Campamento (Madrid) fue sometido a consejo de guerra por traición. Se le acusaba de vender información secreta -incluido el plan Ariete, de protección de las infraestructuras críticas- al espionaje ruso a través de un intermediario belga. El brigada confesó de plano durante los tres días de interrogatorio al que le sometieron agentes del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), antecesor del actual CNI. Sin embargo, el tribunal se negó a dar por buena la confesión, que careció de las mínimas garantías, y el brigada sólo pudo ser condenado a cuatro años de cárcel por tenencia de documentación clasificada.

Éste es uno de los escasos antecedentes del juicio que hoy se inicia en la Audiencia de Madrid, donde el ex espía Roberto Flórez hace frente a una petición fiscal de 12 años de cárcel por traición. Flórez habría entregado a Petr Melnikov, número tres de la Embajada rusa en Madrid entre agosto de 2000 y octubre de 2003, abundante información gravemente comprometedora para la seguridad nacional a cambio del pago de, como mínimo, 200.000 dólares (unos 150.000 euros).

En la jurisprudencia del Supremo en democracia no figura ninguna sentencia por traición en sentido estricto; es decir, por revelar información clasificada, susceptible de perjudicar la seguridad nacional, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera. El caso más similar es el del coronel Perote, juzgado en 1997 por la sustracción de los papeles del Cesid sobre la guerra sucia; pero, igual que el brigada, no fue condenado por traición, sino sólo por revelación de secretos. Eso da idea de la dificultad a la que se enfrentan a partir de hoy los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Madrid.

En lo que sí se parece el caso Flórez al de Perote es en la celebración de ambos juicios a puerta cerrada, sin presencia de público ni de medios de comunicación. El tribunal ha admitido el argumento del abogado del Estado de que la vista pública podría hacer que trascendiera la documentación secreta incorporada al sumario. Ni siquiera a los testigos llamados a declarar se les identifica por su nombre, sólo por su número profesional. Con una excepción: la de Alberto Saiz, quien hasta julio pasado fue director del CNI y en 2005 impulsó la investigación interna que culminó en julio de 2007 con la detención de Flórez.

Saiz deberá acreditar ante el tribunal que el ofrecimiento que hizo Flórez a Melnikov para convertirse en agente doble se consumó y que la abundante documentación hallada en el registro de su domicilio en Canarias llegó a manos del espionaje ruso. Por si la traición no llegara a probarse, el abogado del Estado, que representa al CNI, ha pedido como pena alternativa cuatro años de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos. El mismo delito por el que fueron condenados Perote y el brigada.