La Comunidad de Madrid ordena el cierre cautelar del asilo de Alcobendas
Un vídeo grabado con cámara oculta muestra graves vejaciones a los ancianos en esta residencia privada
La Comunidad de Madrid ha ordenado esta mañana el cierre cautelar de la residencia privada de la tercera edad Juan XXIII de Alcobendas, donde un vídeo grabado con cámara oculta ha sacado a la luz las vejaciones a las que sometían a los ancianos. Esta medida de suma al expediente sancionador que le abrió ayer. Sin embargo, el director del asilo, Sergio Cuevas, ha negado las acusaciones de maltrato y ha afirmado que no tienen "conocimiento de haber cometido ninguna irregularidad".
El cierre se ha decretado por presunto trato vejatorio de los ancianos y para evitar que se sigan produciendo los supuestos malos tratos denunciados el pasado lunes por la cadena de televisión Telecinco. Así lo ha anunciado esta mañana el vicepresidente primero de Madrid, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejero de Gobierno, donde se ha acordado que el cierre se lleve a cabo "en las próximas horas" y que continúe adelante la investigación iniciada con motivo del expediente sancionador abierto al centro, a cuyos responsables se les va a imponer la "máxima sanción que permita la ley", si se demuestra que hubo trato vejatorio a los ancianos. En este caso, el centro sería clausurado de forma definitiva.
Sobre el destino de los ancianos que viven en ella -la residencia tiene 65 plazas oficiales y su precio ronda los 1.200 euros al mes- González ha anunciado que el Gobierno regional trasladará esta resolución a los responsables de la residencia y ofrecerá ayuda a los familiares y a los residentes en el centro para buscarles otro lugar donde puedan ser atendidos en las condiciones adecuadas. Horas antes del anuncio del cierre, el director del asilo se defendía en declaraciones a Servimedia: "No tenemos conocimiento de haber cometido ninguna irregularidad". Sergio Cuevas ha asegurado además no tener constancia oficial de un expediente sancionador por parte de la Consejería madrileña de Familia y Asuntos Sociales, del que se ha enterado a través de los medios de comunicación.
Drogados con orfidal
El cierre de esta instalación se produce a raíz de la emisión en Telecinco de un reportaje. El vídeo, grabado con cámara oculta, fue emitido lunes, martes y miércoles en El programa de Ana Rosa. Las imágenes, informa Susana Hidalgo, muestran la tercera planta del centro, donde 20 ancianos se sientan, retorcidos, en sillas de plástico. Algunos están atados con sábanas. Incluso si necesitan silla de ruedas. No hablan entre ellos y tienen la mirada perdida. Otros están drogados con orfidal (un tranquilizante) y caen fulminados sobre el tazón de la cena. En otra toma, se ve a tres ancianos en una cama. A su lado, vómitos y heces . Algunos se quejan de que nadie les cambia el pañal. Se oyen gritos y lloros.
La emisión de esa cinta dio lugar a la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comunidad y a la puesta en marcha de una investigación, que seguirá adelante aunque la residencia esté cerrada. González ha recordado que se trata de un centro de gestión privada que, como los "cientos de residencias de la tercera edad" que hay en la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que está sometido a las revisiones "periódicas y programadas" de los inspectores regionales. Eso sí, ha admitido que cuando estos inspectores acuden a visitar los centros de la tercera edad "es muy frecuente que los responsables hayan tomado antes medidas para evitar que vean" situaciones como la que se producía en la residencia de Alcobendas.
El vicepresidente ha subrayado que "en general" las residencias de ancianos de la región son "bastante dignas" y ofrecen "un trato bueno", pero ha reconocido que, "desgraciadamente, siempre hay alguien que trata de hacer un uso indigno" de ellas para "hacer negocio", aunque son casos "muy aislados". Ha confirmado que las inspecciones derivadas del expediente sancionador impuesto han puesto de manifiesto que existían "infracciones administrativas" y que tanto éstas como los supuestos malos tratos a los ancianos han desencadenado el cierre cautelar. Por su parte, la portavoz de Familia y Asuntos Sociales del PSOE en la Asamblea, Carmen García Rojas, ha denunciado que la Comunidad de Madrid sólo cuenta con nueve inspectores para controlar la calidad de los más de 1.500 centros de servicios sociales que hay en la región, entre ellos las residencias de mayores.
Una de sus dueñas fue condenada por un caso similar
La residencia abrió en 1992 y, desde entonces, Servicios Sociales le ha impuesto tres sanciones económicas por distintas infracciones. Pero nunca hasta hoy la había cerrado. Además, sus dueños tienen antecedentes. Está gestionado por la empresa 32 de Mayo S. L.
Los dos administradores son dos hermanos, Sergio y Bruno Cuevas Corradi; y la apoderada es su madre, María Antonietta Corradi Rodriguez. Esta mujer fue condenada en 1995 por la Audiencia Provincial a indemnizar a la familia de una anciana que murió en otra residencia que ella dirigía, en Ciempozuelos. Entonces, el juez instructor comprobó que el centro carecía de personal cualificado y que muchos ancianos se encontraban en unas condiciones infrahumanas.
