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La Comunidad Valenciana despedirá a quien no imparta Ciudadanía en inglés

El instituto Ballester Gozalvo de Valencia pretende ofrecer la asignatura en castellano o valenciano, lo que Educación considera "una falta muy grave"

AGENCIAS - Valencia - 25/06/2008

 
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El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha advertido esta mañana de que incumplir la orden de desarrollo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que establece que se imparta en inglés y la posibilidad de superarla a través de trabajos, es una falta tipificada como "muy grave", que puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo, y en caso de reiteración, la separación del servicio. En este punto, ha asegurado que ni a él mismo ni a su equipo "nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones" y ha garantizado que la aplicación de la normativa será "inexorable".

El titular de Educación se refería en estos términos sobre la decisión anunciada ayer por el claustro de profesores del IES Ballester Gozalvo de Valencia de impartir Educación para la Ciudadanía sólo en opción A, la tradicional, y en "una de las dos lenguas oficiales que reconoce el Estatuto de Autonomía, castellano o valenciano".

"De la misma forma que nosotros cumplimos con la LOGSE y la LOE estando en desacuerdo, el resto del sistema educativo ha de cumplir órdenes que emanan de la consejería", ha afirmado el consejero. "Somos conscientes de la legalidad vigente y vamos a impartirla de una forma que nosotros y nuestros servicio jurídico estimamos que es completamente legal", ha concluido.

Los tres sindicatos de la educación pública valenciana han recurrido la norma elaborada por el ejecutio autonómico, que contradice al mandato dictado por el Gobierno central.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, ha asegurado después de conocer la postura del consejero que la Administración autonómica "debería pensar seriamente" si su norma sobre la asignatura "se ajusta" a las disposiciones obligatorias de carácter estatal. Peralta ha añadido que la Delegación del Gobierno "en ningún caso" promoverá la desobediencia a las normas ya que son las Administraciones públicas las que deben "dar ejemplo" de su cumplimiento.


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